Por María Josefina Arce

Los estudiantes chilenos siguen marcando la diferencia en la nación austral. Iniciadores del fuerte movimiento de protesta que sacude al territorio desde hace ya un mes, han manifestado que se mantendrán en las calles hasta que se tengan en cuenta las demandas de la mayoría de la sociedad.

El movimiento juvenil rechazó el acuerdo para la realización de un plebiscito para una nueva Constitución, suscrito el pasado viernes por miembros del partido oficialista y otros de la oposición.

En las discusiones y firma del acuerdo no participó ningún miembro del movimiento social que aglutina a varias organizaciones populares, y que desafiando la violenta represión de la policía no ha dejado de reclamar sus derechos y una nueva Carta Magna que sustituya a la que rige hoy, heredada de la sangrienta dictadura del general Augusto Pinochet.

Joaquín Cárdenas, vocero de la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile, declaró que el referendo no garantiza la creación de una Asamblea Constituyente que ayude a la población chilena, e insistió en que los movimientos sociales tienen la intención de acabar con las desigualdades en el país.

Lo cierto es que hasta el momento el gobierno de Piñera no ha tenido una respuesta de peso a las demandas sociales. Con medidas más bien cosméticas como el cambio de su gabinete, que no cubren las expectativas de los ciudadanos, el presidente ha intentado restar fuerza al movimiento de protesta.

Pero los chilenos están decididos a continuar en las calles. Varias organizaciones sociales y políticas se han sumado a los estudiantes en su rechazo al acuerdo para una nueva Constitución.

No cumple con los intereses del multitudinario movimiento que protesta hoy en Chile y no traza estrategias para acabar con las desigualdades de la nación, afirman los manifestantes, quienes también han denunciado la violenta represión gubernamental.

La cifras hablan por sí solas. Veinticinco fallecidos, más de 2500 heridos, de ellos alrededor de 230 con graves lesiones oculares por perdigones, balas de goma y bombas lacrimógenas.
También se reportan más de seis mil 300 detenidos, incluyendo cientos de niños y adolescentes, al tiempo que son centenares las denuncias y querellas judiciales por detenciones arbitrarias, torturas y violaciones sexuales.

En medio de ese panorama, esta semana será presentada ante el Congreso Nacional una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por un grupo de diputados de oposición, por su deficiente gestión ante la crisis social y política del país.

Mientras la turbulencia política y social que vive Chile parece no tener una rápida solución por el momento. Desde que hace un mes los estudiantes iniciaran las protestas por el alza del precio del pasaje del metro, el movimiento se ha ido radicalizando y los chilenos quieren más: una nueva constitución que garantice los derechos humanos y un nuevo modelo económico que ponga fin a las profundas desigualdades existentes.