Por: María Josefina Arce

El conflicto mapuche se ha agudizado en los últimos días en Chile. El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha respondido con la violencia a la justa demanda de un pueblo históricamente criminalizado de que se respeten sus derechos.

Miembros de esa comunidad presos, sin garantías sanitarias en medio de la COVID 19, desalojos, represión de los carabineros y ataques de grupos de extrema derecha, ante la mirada complaciente de la fuerza policial, es el panorama hoy para ese pueblo, uno de los más pobres de la nación austral.

La situación ha llegado a un punto de no retorno. En las cárceles chilenas permanecen cerca de 30 presos en huelga de hambre desde hace varias semanas, entre ellos el líder espiritual del pueblo mapuche, Celestino Córdoba.

Cumplir en sus comunidades las condenas, dictadas en muchos casos sin evidencias claras, el cese del despojo de sus tierras y el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que contempla las prerrogativas de las etnias indígenas, es el reclamo de los huelguistas.

La ONU ha expuesto en más de una ocasión su preocupación por la situación existente. De hecho la Oficina Regional del Alto Comisionado de la organización Internacional para los Derechos Humanos envío en los últimos días a un equipo a la zona de la Araucanía para conocer de primera mano más detalles.

Los expertos llamaron al diálogo para hallar una solución al conflicto, que tiene profundas raíces y que se ha extendido por décadas de abandono, discriminación, desalojo de sus ancestrales tierras y  de sus recursos por trasnacionales, amparadas por los distintos gobiernos.

Pero aunque a principios de mes se había producido un acercamiento entre las autoridades y la comunidad mapuche, esta denunció el rompimiento del incipiente diálogo por el gobierno, el cual, dijo, no ha puesto sobre la mesa ninguna solución.

Por el contrario el criticado ministro del Interior Víctor Pérez recalcó que llevar a cabo conversaciones no significa para nada "alterar o modificar resoluciones de los tribunales de justicia", en alusión a las condenas que injustamente cumplen miembros de esa etnia.

Olvida el ministro que unos mil 700 reclusos fueron beneficiados en abril pasado  con una ley sancionada por Piñera para conmutar o cumplir sus sentencias  en sus domicilios, ante los riesgos para la salud por la pandemia.

Pero claro ninguno de estos beneficiados era mapuche, a pesar de que cumplían los requisitos para acogerse a la norma.

Esta es solo una muestra más de la discriminación que padece diariamente ese pueblo originario que no obstante, resiste y lucha para que se haga justicia, en medio de la represión y una crisis sanitaria en el país.