Por María Josefina Arce.
Junto al levantamiento del genocida bloqueo económico, comercial y financiero, la devolución del territorio que ilegalmente ocupa Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, en el oriente cubano, es un viejo y justo reclamo de Cuba.
En reiteradas ocasiones ha denunciado la Mayor de las Antillas que es una afrenta a nuestra dignidad y soberanía la permanencia de Washington en parte de nuestro suelo, en contra de la voluntad del pueblo y gobierno cubanos.
Estados Unidos, que arbitrariamente en los últimos días ha incluído nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, ha desplegado desde la base naval de Guantánamo una intensa actividad subversiva y terrorista.
Agredido ha sido nuestro pueblo de diversas formas desde ese enclave. En 1961 salió de ese lugar el grupo para el ataque a la Refinería de petróleo en Santiago de Cuba, que provocó muertos y heridos.
Y es ese solo un ejemplo de las constantes provocaciones y acciones contra la revolución cubana, en las que también se inscribe el apoyo a las bandas contrarrevolucionarias.
La ilegal presencia norteamericana en la Bahía de Guantánamo, que le garantiza a Washington su predominio militar en el área, contradice la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, formulada en 2014 en La Habana durante la Segunda Cumbre de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Pero además, desde 2002 como parte de su supuesta lucha contra el terrorismo, a raíz de los ataques contra territorio norteamericano en septiembre de 2001, Washington instaló un centro de detención en la base naval de Guantánamo.
Tristemente famosa se hizo la prisión por las humillaciones y maltratos contra los prisioneros, 40 de los cuales aún permanecen en el lugar en un limbo jurídico.
Bochornoso es el nuevo carácter dado a ese sitio, instalado en un país que ha sido reconocido internacionalmente por garantizar a sus ciudadanos los más elementales derechos humanos.
Ahora un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU instaron a Estados Unidos a cerrar esa prisión, un lugar, señalaron, de arbitrariedades y abusos.
Los relatores apuntaron que es una vergüenza para Estados Unidos y la comunidad internacional la sola existencia de esa instalación, donde se niega la justicia.
A Cuba le cabe el derecho de que le sea devuelto el territorio usurpado por Estados Unidos, y que constituye una amenaza a la integridad y soberanía de nuestro país, pero también a la paz y estabilidad de la región.
