Sonia Guajajara, coordinadora de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. Foto/Pablo Albarenga

Por María Josefina Arce.

Los Indígenas brasileños libran una batalla legal contra el gobierno  por el derecho que les asiste a sus tierras ancestrales, y que es ignorado y violado por el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro, partidario de la explotación de esas zonas por mineros, agricultores, madereros y ganaderos.

Históricamente esas comunidades han sido objeto de despojos y violencia, una situación que se ha agudizado con la llegada en 2019 al Palacio del Planalto de Bolsonaro por sus acciones y discurso a favor de los intereses económicos. De hecho no ha demarcado ni un centímetro más de esos territorios, una de sus promesas electorales.

En manos del Supremo Tribunal Federal está ahora el caso de la controvertida iniciativa del "marco temporal", que se utilizó por primera vez en 2009 para cuestionar la demarcación de la tierra indígena de Raposa Serra do Sol, en el estado de Roraima. 

Aunque el veredicto fue favorable  para los pueblos originarios, este criterio comenzó a aplicarse de manera indebida en otras demarcaciones que, señalan los expertos, no tienen aspectos similares a este proceso específico.

Se comenzó a tomar como referente  1988, año de promulgación de la Constitución, para validar el derecho indígena a las tierras, cuando es de conocimiento de todos que muchos pueblos originarios han sido expulsados arbitrariamente de sus hogares, especialmente durante la dictadura militar que vivió  el país entre 1964 y 1985.

Expertos y asociaciones de derechos humanos afirman que el "marco temporal" reduce el acceso a sus territorios de los pueblos autóctonos. La antropóloga Luisa Molina, investigadora de la Universidad de Brasilia, explicó que una tierra indígena no puede ser reemplazada por otra área, porque es un lugar sagrado, que tiene una historia, donde se cultiva la identidad de cada comunidad.

Los indígenas subrayan que la Constitución les reconoce sus derechos sobre sus tierras ancestrales, sin poner ningún marco temporal.

Como una política racista y violenta que pretende legitimar la posesión ilegal de los terrenos por los invasores ha sido calificado ese criterio jurídico.

La misma Procuraduría General de la República de Brasil expresó su rechazo a esa tesis jurídica que viola la Carta Magna,  la cual, enfatizó, reconoce  los derechos de esas comunidades y llama a su protección.

En concreto el Supremo Tribunal Federal debate ahora una causa sobre el territorio Ibirama-Laklano, en el estado de Santa Catarina, que en 2009 perdió su estatus de reserva después de que una instancia inferior acogiera un argumento de que los indígenas no la habitaban en 1988.

Pero nuevamente el órgano judicial suspendió por tiempo indeterminado su decisión de si es válido o no el criterio del "marco temporal", que sólo reconoce como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos pueblos cuando se promulgó la Constitución.

Por decisión de la propia Corte el veredicto tendrá repercusión general y podría afectar a cerca de unos 300 terrenos en disputa.

Es este un problema que preocupa y afecta a todos, pues de ser validado el llamado "marco temporal" se irá perdiendo la identidad del país , ya que se profundizará el genocidio de los pueblos originarios, que además son aliados naturales de la preservación del medio ambiente, necesario para frenar el cambio climático que amenaza toda vida en el planeta.