Imagen tomada de Telesur

Por: Guillermo Alvarado

Que potencias, monarquías o gobiernos que avergüenzan a nuestra especie levanten muros para mantener alejados a migrantes, refugiados o gente necesitada, es cosa que ya no extraña a nadie y Estados Unidos, España, Marruecos e Israel dan muestra diaria de su desprecio por sus semejantes.

Pero que un país de esos que clasifican como “en vías de desarrollo”, es decir pobre, incluso bastante pobre, haga eso para separar a quienes han sido sus vecinos de toda la vida, con quienes comparten el territorio de una isla en El Caribe, es algo verdaderamente asombroso, por usar un término suave.

Muchos ya habrán adivinado que estoy hablando de la indecente valla que las autoridades de República Dominicana están construyendo con malsano orgullo en la frontera con Haití, con el propósito de impedir que los ciudadanos de este último país crucen en busca de trabajo o refugio.

Algunos medios de prensa, entre ellos el diario argentino Página 12, calificaron la edificación como ejemplo de una política antiinmigrante y discriminatoria, y yo agregaría que es una clara muestra de por qué el mundo está como está.

Cuando los pobres desprecian y humillan a otros por la simple razón de que son un poco más pobres o de otro color de piel, ¿qué más podemos decir?

Es verdad que la migración irregular es un problema, que es algo que se debe controlar, pero la solución no es darle un portazo en el rostro a quienes buscan un poco de solidaridad humana.

También es cierto que algunos de los que utilizan esta vía no siempre van cargados de buenas intenciones, pero para eso están las leyes y las autoridades, que son quienes deben poner orden.

La historia de las relaciones entre esos dos pueblos ha estado plagada de hechos lamentables. En 1937 el dictador Rafael Leónidas Trujillo ordenó matar a machetazos y golpes a miles de haitianos, en lo que se conoce como la “masacre del perejil”.

Hace poco tiempo, en 2013, el Tribunal Constitucional dominicano le retiró la ciudadanía a miles de personas que son hijas de haitianos indocumentados, pero que nacieron en ese país, una decisión absurda y xenófoba.

Ahora levantan una muralla, cuyo primer diseño, por cierto, se hizo en Israel, un experto en esos asuntos, pero la construcción se le asignó a un oscuro consorcio llamado COFAH, del que nadie sabe nada y cuyo trabajo es secreto de Estado, porque así se estableció en el contrato.

La jugada le puede salir cara al presidente Luis Abinader, porque su país depende mucho de la mano de obra haitiana en sectores sensibles como la agricultura, construcción y servicios. Estaremos al tanto, amigos.