La ONU subrayó que la adopción del "marco temporal " es contrario con los estándares internacionales de derechos humanos.
(Foto:Telesur)

Por María Josefina Arce

"Estamos comprometidos con los pueblos indígenas" afirmó Luiz Inácio Lula da Silva al ganar los comicios generales de octubre pasado, y tras asumir como presidente de Brasil en enero de este año comenzó a dar cumplimiento a sus promesas electorales.

Lula da Silva creó el Ministerio de los Pueblos indígenas y bloqueó el transporte aéreo y fluvial en el territorio yanomami para restringir el acceso de personas no autorizadas, dada la crisis humanitaria de esa comunidad a causa de la minería y otras actividades ilegales, incentivadas en los últimos años por su antecesor en el Palacio del Planalto, el ultraderechista Jair Bolsonaro.
    
Una de sus más importantes medidas en este su tercer mandato ha sido retomar el proceso de reconocimiento de tierras indígenas, establecido por ley y paralizado desde 2019 por Bolsonaro.
  
El ex mandatario puso en marcha una política que negaba los derechos de los pueblos originarios y promovía la minería y otras actividades económicas en la Amazonía, que llevaron a cifras récords de deforestación de la mayor selva tropical del planeta.
   
En abril pasado Lula da Silva firmó un decreto que  regulariza seis nuevas tierras indígenas, que se extienden por unas 560 mil hectáreas y se suman a unas 600 reservas ya reconocidas por el estado.
   
Sin embargo, sus planes han comenzado a  chocar con un Congreso adverso. En mayo la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que limita la demarcación de tierras indígenas retomada por Lula da Silva, considerada clave para proteger a esas etnias y a la Amazonía.
  
El texto establece que los territorios reservados a estas comunidades deben restringirse a aquellos ocupados por los indígenas al momento de la promulgación en 1988 de la Constitución vigente.
  
Impulsado por diputados afines al agronegocio y otros grupos opositores, el llamado "marco temporal" ha sido criticado por organizaciones brasileñas que afirman que muchos pueblos no ocupaban sus tierras ese año, pues habían sido expulsados, especialmente durante la dictadura militar de 1965 a 1985.
   
La controvertida propuesta de la derecha que debe ser debatida por el Senado, se encuentra también en el Supremo Tribunal Federal, que luego de la breve reanudación en los últimos días del juicio lo aplazó, tras pedido de vista del ministro André Mendoca, uno de los 11 jueces del órgano judicial, y nombrado por Bolsonaro.
  
Sobre el proyecto de ley también se ha manifestado la ONU, que subrayó que la adopción del "marco temporal " es contrario con los estándares internacionales de derechos humanos.
  
La ministra de los Pueblos indígenas de Brasil, Sonia  Guajajara, señaló que el gobierno no se detendrá en la lucha por garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios y evitar un genocidio.
 
Es también luchar por la vida de todos, pues las comunidades indígenas son fieles guardianes de la naturaleza, y ejercen un papel fundamental en el combate del calentamiento global, como baluarte contra la deforestación.