Por: Guillermo Alvarado

El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, calificado como una política de guerra y también como el genocidio más prolongado de la historia, se mantiene prácticamente intacto después de 54 años de implantado con el vano propósito de destruir a la Revolución y rendir por hambre y sufrimientos al pueblo de la Mayor de las Antillas.

Que un bloqueo de esta naturaleza es una medida de guerra está documentado de manera amplia en la historia, desde el impuesto por Esparta contra Atenas durante la guerra del Peloponeso, en el 405 antes de nuestra era; pasando por el de los ingleses contra Francia durante la Revolución de 1789 y más tarde como parte de las guerras napoleónicas; hasta el aplicado contra Alemania en la Primera Guerra Mundial que significó la muerte de 750 mil civiles en ese país, la mayoría por hambre.

Ninguno de estos hechos brutales, sin embargo, ha sido tan prolongado como el que firmó contra un pequeño país del Caribe el 7 de febrero de 1962 el entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy.

En lugar de ceder, en estos 54 años otros gobiernos estadounidenses han apretado el cerco con medidas más férreas, comenzando por la Ley Torricelli, promulgada el 23 de octubre de 1992 y destinada a aprovechar la caída del campo socialista europeo para estrangular definitivamente a Cuba, como sin ningún pudor declararon sus propios autores.

Esta normativa abre las puertas a la internacionalización del bloqueo con la amenaza de sancionar a los países que comerciaban con Cuba y prohíbe tocar puertos norteños durante seis meses a los barcos que hubiesen atracado en cualquier rada cubana.

A este engendro jurídico le siguió otro peor, la Ley Helms Burton, firmada por William Clinton el 1 de marzo de 1996, que convirtió al bloqueo en un asunto extraterritorial, en violación a los tratados internacionales y las normas de la Organización Mundial del Comercio y otras entidades multilaterales.

Es cierto que tras el histórico anuncio del 17 de diciembre de 2014 que condujo a la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, rotas unilateralmente por este último país el 3 de enero de 1961, el actual presidente Barack Obama ha relajado algunos puntos del bloqueo, pero en el fondo esa política de guerra se mantiene prácticamente intacta.

Si bien para su eliminación total hace falta una acción legislativa, Obama tiene, como recordó hace unos días el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, “facultades ejecutivas amplísimas que si decidiera usarlas con determinación podría modificar muy sustancialmente la aplicación del bloqueo”.

En la última votación en la Asamblea General de la ONU sobre la necesidad de poner fin a este prolongado genocidio, 192 países del mundo se pronunciaron a favor y sólo Washington e Israel, su gendarme en el Oriente Medio, dijeron no.

El más elemental sentido común señala que nunca habrá relaciones normales entre Cuba y su vecino del norte, mientras persista el más largo, inhumano, ilegal e inmoral bloqueo conocido jamás en la historia de la humanidad.