Por: Guillermo Alvarado

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, prometió a la clase obrera de su país que resistirá y luchará hasta el final contra el golpe de Estado parlamentario que está en curso en estos momentos y afirmó que continuarán las transformaciones económicas y sociales emprendidas por el Partido de los Trabajadores, PT, y que sacaron de la pobreza a millones de personas.

Durante un acto con motivo del 1 de Mayo en Valle de Anhangabau, Sao Paulo, la gobernante recordó que su mandato le fue conferido por el voto de 54 millones de ciudadanos que tuvieron confianza en el proyecto del PT.

Dilma denunció al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, de ser el principal agente de desestabilización y aseguró que fueron los legisladores los que no aprobaron las medidas y las reformas tomadas por el ejecutivo para enfrentar la crisis económica, por lo que son los principales responsables de su agravamiento y sus consecuencias, entre ellas el desempleo.

Alertó también sobre las intenciones de un eventual gobierno encabezado por el vicepresidente Michel Temer, quien está ávido de tomar las riendas en caso de que ella resulte apartada de sus funciones.

Entre otras cosas, Temer se dispone a reducir de manera drástica los gastos sociales del ejecutivo, eliminar los ajustes periódicos de las pensiones que benefician a los jubilados y terminar con la obligatoriedad de las erogaciones para la educación y la salud.

Lo más triste, y también lo más perverso, advirtió Rousseff, es el propósito de reducir el programa Bolsa Familia, gracias al cual unos 46 millones de brasileños pueden enfrentar sus necesidades básicas.

Por el contrario, el gobierno del PT autorizó ya un reajuste que permitirá aumentar en un nueve por ciento los beneficios derivados de ese plan, algo que estaba ya contemplado desde agosto del pasado año en el proyecto de presupuesto para 2016.

Además, se hará una corrección en el monto de los impuestos sobre la renta; se garantizarán los recursos necesarios para seguir adelante con el programa de agricultura familiar y se ampliarán los derechos de maternidad a los funcionarios públicos para que estos puedan ayudar a las mujeres.

La presidenta destacó, asimismo, la firma reciente de una medida provisoria que prorroga por tres años la permanencia de profesionales de la salud extranjeros en el programa Más Médicos, cuya aplicación beneficia ya a 63 millones de brasileños, sobre todo en los lugares más apartados de la geografía nacional.

Este lunes continúan las sesiones de una comisión especial del Senado que debe emitir un veredicto sobre la realización de un juicio contra Rousseff, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Los invitados de esta jornada son especialistas que apoyan el proyecto golpista de la derecha, quienes buscan dar un maquillaje jurídico a la intentona, que hasta ahora está basada en argumentos políticos, carentes de cualquier sustento legal.

Durante la sesión del viernes el abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, explicó que para probar la comisión de un crimen de responsabilidad, como el que se le trata de atribuir a Rousseff, "tiene que existir un acto practicado con dolo por la Presidenta y no una percepción política abstracta".

Hasta el momento, nadie ha logrado demostrar que la jefa de Estado actuó de mala fe o tuviese, en algún momento, la intención de cometer un delito, por lo que todo es un montaje para llevar adelante un golpe que, de concretarse, tendría nefastas consecuencias para Brasil y toda la región.