Por Ricardo Ronquillo Bello

Parecería que no son tiempos para fabulaciones en Cuba, aunque puede presentirse que a partir del 13 de agosto viviremos, como ciudadanos de la República, un período muy peculiar que, como en una curiosa leyenda, tendremos la posibilidad de hacerlo milagroso o estéril.

Cuando esté en nuestras manos discernir sobre el Proyecto de Constitución —que recibió recientemente el visto bueno parlamentario—, es como si por cada capítulo nos entregaran —al igual que en cierta fábula— una «ramita mágica», con la cual, en correspondencia con nuestra posición, la haremos, o no, «brillar de mil colores».

Podría afirmarse que este proceso constituirá la más desafiante prueba de madurez cívica a la que por mucho tiempo deberemos enfrentarnos los cubanos.

Ello ocurre —y es preciso reconocerlo de antemano— tras una larga etapa en la que este tema sufrió inquietante ignorancia y no pocas subestimaciones.

Las preocupaciones en este sentido surgían de muchas partes, desde encumbradas personalidades de la historia nacional, hasta intelectuales e instituciones.

Aunque la afirmación resulte controversial, y hasta discutible, parecía como si en nuestro país el habitante hubiera superado al ciudadano en no pocos espacios, por razones que desde hace tiempo —sobre todo tras el inicio del proceso actualizador del modelo socialista y su acento institucionalizador—, requieren trascenderse.

La honda condición de ciudadano no se hereda en el acto del nacimiento en ningún espacio geográfico, más bien se alcanza, o se merece. Para que esta se desarrolle, y finalmente encarne, como he defendido en esta columna, se requiere asumir el compromiso con la complejísima genética social del país.

Los resultados de una indagación del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, que valoraban hace unos años la estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la cultura jurídica, a partir de la percepción social, revelaban los déficits que persisten en este campo, y los riesgos que ello implica para Cuba y su Revolución por el carácter transversal del Derecho.

En penetrante diálogo con estudiantes universitarios, el intelectual Alfredo Guevara, integrante de la generación que fundó la Revolución y quien abordó con autoridad y transparencia sus desajustes, insistió en la necesidad de que el sistema educativo a todos los niveles y las instituciones de la sociedad apuesten a una educación no solo patriótica, sino también para la civilidad, para vivir en sociedad.

Guevara reclamaba la urgencia de tener ciudadanos, y no solo gente que vota en las elecciones, o que opina en algún lugar, y a las cuales se les haga caso, porque uno de los principios para llegar a ser ciudadano será que el Poder Popular deje de ser solamente popular y, se convierta verdaderamente en poder.

Lo anterior, como puede presuponerse, comienza a tomar forma precisamente desde la concepción misma del texto constitucional que se someterá a debate nacional.

Ese ciudadano al que aspiramos demanda incluso de un acabado más completo, como lo definía el también integrante de la Generación del Centenario Armando Hart Dávalos, para quien debía cultivarse en un eje rotundo de cultura, ética, Derecho y política solidaria.

Solo con semejante lustre pueden encararse con la altura necesaria los más enconados temas que propone el nuevo proyecto constitucional, en un contexto en que se complejiza, como nunca, la construcción de los consensos.

No vamos a este ejercicio constitucional a conquistar solo nuestros derechos, sino a consagrar los de los demás, con un lúcido sentido de sensibilidad y justicia, junto con la proclamación de deberes supremos.

No por casualidad Hart advertía que esa herencia del Derecho ha tenido tanta influencia en el devenir cubano, que de violentarla flagrantemente le han nacido a Cuba dos revoluciones.

La primera tras la prórroga de poderes del dictador Gerardo Machado, y la otra tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista.

Y aunque se haya remarcado en este espacio, podría agregarse que los actos libertarios en el archipiélago nacieron en ley, desde que en los potreros de Guáimaro la contienda independentista naciente se ajustó a Constitución.

Desde entonces un civilismo y una civilidad casi inauditas distinguieron todo gesto patriótico y emancipador en Cuba. El civilismo devino incluso en posición beligerante en la memoria nacional, pese a que nació ante el ejército mambí, que representaba las mejores ansias de libertad y justicia.

Lo lamentable sería entonces que el desconocimiento o la subestimación de esta tradición alimente una herejía histórica, una profanación de la lógica del desarrollo: que en vez de a una revolución —fuente de Derecho— como ocurrió hasta ahora, la ignorancia o la irreverencia a la ley abra brechas a la contrarrevolución.

Entonces el Derecho se prostituiría definitivamente, dejando de ser fuente de justicia, única forma honrosa y revolucionaria de legislarlo, demandarlo y ejercerlo.

Tampoco en esta hora debemos ignorar que lo legal por sí solo no alcanza. El Padre Félix Varela sostenía que no hay duda de que las instituciones políticas y las leyes civiles sirven de protección y de estímulo, pero no bastan para consolidar los pueblos; antes son como los vestidos, que protegen el cuerpo y le libran de la intemperie, mas si está corrompido no pueden sanarlo.

Una prudencia social, fruto de la moralidad y de la ilustración, es el verdadero apoyo de los sistemas y las leyes...

Lo que tenemos por delante es nada menos que la consecución del más portentoso pacto político y moral que definirá el rumbo de nuestra nación hacia el futuro.

Lo haremos con una ventaja con la cual no cuentan muchos en el planeta: la concepción de todo un pueblo constituyente. De todos los convocados a este sagrado acto cívico dependerá que esas ramas mágicas resplandezcan.

(Tomado del periódico Juventud Rebelde)