Por: Sergio Alejandro Gómez

La Habana, 12 mar (RHC) Aunque destinados al fracaso, los objetivos de la Ley Helms-Burton siempre han estado claros: asfixiar la economía cubana y derrocar la Revolución provocando hambre y desesperación en el pueblo.

Sin embargo, 23 años después de su entrada en vigor, aún es un misterio el beneficio que aporta la legislación a los ciudadanos estadounidenses, incluido el sector mayoritario de la comunidad cubana asentada allí que apoya la normalización de los nexos con su país de origen.

¿Quién gana entonces con la Ley Helms-Burton?, es una pregunta que cobra aún mayor vigencia por estos días.

Al igual que el 12 de marzo de 1996, cuando el presidente Bill Clinton le dio el visto bueno al proyecto del Congreso, hoy se intentan vender recetas mágicas para el derrumbe del proyecto socialista cubano, en esta ocasión por parte de los asesores sobre América Latina de la actual administración republicana.

La activación parcial del Título III, el más polémico de los cuatro que conforman la legislación -así como la amenaza de aplicarlo plenamente-, serían ahora los supuestos detonantes de una crisis económica y política en Cuba que borraría cualquier vestigio de soberanía nacional y abriría las puertas de par en par a los antiguos dueños del país.

Si bien no ha logrado sus propósitos, ni se vislumbra la menor posibilidad de que los alcance, la Helms-Burton constituye uno de los mayores obstáculos para una convivencia medianamente civilizada entre La Habana y Washington.

Además de ser ilegal, injerencista, violar el derecho internacional y la soberanía de terceros países e ir en contra de la letra y el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos, la normativa reduce las potestades de la Casa Blanca para dirigir la política exterior hacia Cuba.

Durante los últimos dos años de la administración de Barack Obama se pusieron a prueba las facultades del presidente para modificar el bloqueo contra la nación caribeña. Aunque el mandatario demócrata, de haber tenido la voluntad política, pudo haber ido mucho más lejos, no es menos cierto que la codificación de la Helms-Burton constituyó un freno a su propósito de avanzar en la normalización de los vínculos con La Habana.

El presidente Clinton comprendió esa realidad cuando ya era demasiado tarde. “Aprobar la ley fue bueno en un año electoral en la Florida, pero minó cualquier oportunidad que pudiera haber tenido de levantar el embargo en un segundo mandato en respuesta a cambios positivos dentro de Cuba”, escribió en su libro de memorias.

Para encontrar entonces quiénes son los beneficiarios de la Helms-Burton hay que remontarse a sus orígenes y al reducido grupo de personas que, con oscuros intereses económicos, la patrocinaron y financiaron.

La Ley Bacardí: el ron “cubano” que no se hace en Cuba

A comienzo del año 2016, Cuba ganó una larga batalla judicial en Estados Unidos contra la empresa Bacardí sobre los derechos de la marca Havana Club. La Oficina de Patentes y Marcas norteamericana reconoció a Cubaexport como legítimo representante internacional del famoso ron.

El enfrentamiento entre La Habana y Bacardí, sin embargo, se remonta al triunfo de la Revolución, cuando sus destilerías y almacenes fueron nacionalizados en beneficios de la mayoría de los cubanos. Los dueños siguieron con el negocio en Bermudas, México y Puerto Rico, hasta convertirse en líderes mundiales del negocio de las bebidas espirituosas.

Pero Bacardí nunca abandonó sus intenciones de recuperar el “imperio” cubano, sin importar el método o el precio.

Otto Reich y Roger Noriega, dos agentes de la CIA para América Latina y con fuertes vínculos con la Bacardí, se sumaron en 1994 a la redacción e impulso de la Helms-Burton en defensa de los objetivos de la empresa.

Entre los múltiples patrocinadores del proyecto había diferencias. La línea de los antiguos testaferros de la dictadura de Fulgencio Batista y mafiosos agrupados en la Fundación Nacional Cubano Americana defendían que las propiedades nacionalizadas fueran subastadas para pagar en efectivo a los posibles demandantes. Mientras, el equipo Bacardí prefería que las propiedades fueran devueltas íntegramente.

Finalmente, la empresa ronera se hizo con la suya. No por gusto algunos llaman a la Helms-Burton la Ley Bacardí.

“La FNCA hizo mucho trabajo de lobby, pero quien redactó realmente la Ley Helms-Burton fue la compañía Bacardí, y quien colocó el dinero, la gran mayoría del dinero, fue la Bacardí”, según el periodista colombiano Hernando Calvo Ospina, quien escribió un libro sobre la empresa.

Nicolás Gutiérrez, el bisnieto del dueño de Cienfuegos

Nicolás (Nick) Gutiérrez, el presidente de la llamada Asociación de Hacendados Cubanos en Estados Unidos, fue otro de los abogados que se sumó a la redacción de la Helms-Burton de la mano de Bacardí.

Pero Gutiérrez tenía sus propios intereses como bisnieto del empresario de origen español Nicolás Castaño Capetillo, considerado a comienzos del siglo pasado el hombre más rico de Cienfuegos y uno de los más acaudalados de Cuba.

La familia de Gutiérrez, que tuvo importantes vínculos con Batista, reclama dos ingenios azucareros, fincas para la cría de ganado, un banco y una compañía de seguros, entre otros activos.

Pero si uno se deja llevar por las declaraciones del presidente de la Asociación de Hacendados, sus derechos se extienden por la mitad de la ciudad de Cienfuegos.

Gutiérrez tiene también el mérito de haber recomendado a George W. Bush limitar a una vez cada tres años las visitas de los cubanoamericanos a su país de origen.

Mil millones de dólares para el asesino del Che

Gustavo Villoldo, uno de los agentes de la CIA que dirigió la captura y asesinato del Che en Bolivia, es otro de los interesados en la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

Villoldo padre, también llamado Gustavo, provenía de una familia acomodada. Estudió en Estados Unidos, se graduó de abogado y asistió a la Facultad Wharton de Administración. Regresó a Cuba, donde trabajó brevemente como abogado, antes de conseguir una franquicia y centro de distribución de General Motors.

Pronto el concesionario creció y justo antes de la Revolución tenía ventas anuales de casi 15 millones de dólares, según declaraciones del propio agente norteamericano, quien asegura haber organizado el entierro del Che y sus compañeros de la guerrilla.

Villoldo hijo ya llevó su causa a los tribunales norteamericanos de una manera rocambolesca: acusó a Fidel y al Che de ser los causantes del suicidio de su padre, ocurrido después de su salida del país.

En un juicio sin contrapartida y en la parcializada Miami-Dade, el juez Peter Adrien otorgó más de mil millones de dólares a Villoldo en “compensaciones” por la pérdida de su familia.

Como Cuba no está dispuesta a pagar un solo centavo y no existen más negocios o fondos que las autoridades norteamericanas puedan expropiar a La Habana, la demanda es incobrable. De ahí que sus esperanzas estén ahora en la activación del Título III de la Helms-Burton y su alcance extraterritorial.

Ni los dueños de Bacardí, ni los familiares ricos de Nicolás Gutiérrez ni Gustavo Villoldo padre eran ciudadanos estadounidenses en el momento en que sus propiedades fueron nacionalizadas soberanamente por Cuba.

Violando el derecho internacional y la práctica legal en los propios Estados Unidos, el Título III de la Helms-Burton abre la posibilidad de que los cubanos que posteriormente se hicieron estadounidense puedan entablar demandas.

De acuerdo con expertos como el abogado Rodolfo Dávalos y la profesora (fallecida) Olga Miranda, la inclusión de los cubanoamericanos no tiene validez legal y constituye un obstáculo extra para la solución de la compensación de las empresas de propiedad estadounidenses que fueron nacionalizadas por la Revolución.

Unas cinco mil reclamaciones de propietarios estadounidenses en el momento de la nacionalización fueron aceptadas por la Comisión Federal de Resolución de Reclamaciones Extranjeras del Congreso norteamericano.

Cuba siempre ha estado dispuesta a sostener conversaciones y encontrar una solución a dichas demandas, en igualdad de condiciones, con respeto a la soberanía y de acuerdo con la práctica internacional.

La Habana llegó a acuerdos y efectuó los pagos de las nacionalizaciones a las empresas de Reino Unido, Canadá, Italia, Francia, Suiza y España. Sin embargo, Estados Unidos optó por una política de bloqueo que evitó que sus empresarios cobraran la deuda tan temprano como en el año 1980.

La ley cubana establecía que se dedicara un porciento de la venta de la cuota azucarera norteamericana al pago de las expropiaciones.

La mafia quiere regresar a La Habana

Existen propietarios estadounidenses que no fueron aceptados por la Comisión Federal de Resolución de Reclamaciones Extranjeras que buscan interponer recursos al amparo del Título III.

Aunque parezca un chiste, ese es el caso de la familia del mafioso estadounidense Meyer Lansky, mano derecha de Lucky Luciano y el que convirtió la mafia siciliana de Nueva York en un negocio trasnacional.

Meyer Lansky poseía el hotel Riviera de La Habana, y el casino que había en su interior. Ahora la hija y el nieto del gánster reclaman una compensación de ocho millones de dólares por su “pérdida”.

Su demanda, hasta el momento, no ha sido escuchada por las autoridades estadounidenses.

Cuba hace una diferencia clara entre las nacionalizaciones a empresas y compañías legítimas, que se llevaron a cabo por decisión soberana y en beneficio de la mayoría de la población, y las confiscaciones de bienes mal habidos, testaferros de la dictadura, torturadores, mafiosos y criminales.

Son precisamente estos últimos quienes sueñan con regresar a Cuba de la mano de la Helms-Burton y quienes son los únicos beneficiaros de la ley que cumple este martes 23 años de frustraciones. (Fuente: Cubadebate)