Vía Campesina /MST

En los últimos días pueblos y gobiernos de todo el mundo han asistido a las consecuencias de los recientes y graves crímenes contra la selva amazónica. Las nubes de humo que se tomaron el sudeste de Brasil y, en especial, la ciudad de São Paulo, se conectan directamente con el aumento dramático de los incendios en diversas partes de la selva y zonas de transición con el Cerrado.

Es fundamental que toda la sociedad brasileña, latinoamericana y mundial sepa con claridad que este no es un fenómeno aislado. En realidad, es el resultado de una serie de acciones del agronegocio y de las mineras, ampliamente apoyados e incentivados por el gobierno de Bolsonaro, y que comenzaron con su elección. Después de casi dos décadas de reducción de la deforestación, el actual presidente y su ministro de medio ambiente, Ricardo Salles, articularon un violento discurso contra la legislación y los mecanismos de conservación ambiental brasileños, al mismo tiempo que aumentaron la persecución y criminalización de los pueblos que históricamente protegieron los biomas brasileños: pueblos indígenas y familias campesinas.

Desde el gobierno de transición, los discursos desde Brasilia atacaron el licenciamiento ambiental y el control y monitoreo del Estado sobre las actividades agropecuarias y mineras – justamente elementos que podrían haber evitado los crímenes de Mariana y Brumadinho, en Minas Gerais. Al mismo tiempo, el gobierno entregó el Servicio Forestal Brasileño a representantes ruralistas, implementó una intervención militar en el Instituto Chico Mendes (ICMBio) y prohibió las acciones de fiscalización del IBAMA, además de atacar públicamente a servidores de todas esas instituciones. El enorme recorte de recursos, impuesto por la política neoliberal al mando del ministro de finanzas, Paulo Guedes, convirtió a la situación en completamente insostenible.

Las denuncias comenzaron ya en 2018, por medio de pueblos y comunidades tradicionales de la región, que están siendo perseguidos por terratenientes y policías. Las ONG socio ambientales también están siendo criminalizadas y perseguidas por este gobierno. Por último, científicos de diversas organizaciones, universidades y hasta incluso del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE por sus siglas en portugués), internacionalmente reconocido, también denunciaron las consecuencias, y fueron recibidos con despidos y órdenes de no divulgación de datos. La respuesta de países como Noruega y Alemania a este cambio brutal en la política gubernamental fue la suspensión de las transferencias para el Fondo Amazonía, a lo que el gobierno de Bolsonaro respondió con desdén y acusaciones completamente infundadas.

Las dimensiones del crimen contra la humanidad son alarmantes. Solo en este año ya son más de 70.000 focos de incendios, 33.000 de ellos en la Amazonía, un aumento del 60% sobre la media de los últimos tres años. Solamente entre el 10 y el 11 de agosto hubo un aumento del 300%, cuando el agro negocio de la región declaró el “día del Fuego”. Imágenes de satélites también muestran un avance de la minería artesanal, no visto desde la década de 1980, principalmente en territorios indígenas.

Esas acciones, completamente apoyadas por el actual gobierno brasileño, deben ser reconocidas como crímenes contra la humanidad y daños irreparables al pueblo y a la naturaleza brasileños. En tiempos que el mundo choca con las consecuencias de los cambios climáticas, esta postura es completamente inaceptable.

Debemos también recordar que la Amazonía no es un territorio “salvaje”, sino una región mega diversa en biodiversidad y pueblos. Hace milenios, diferentes formas de convivencia en ese bioma produjeron los bienes comunes que hoy no se pueden separar de la selva. No existe la selva amazónica sin sus pueblos, ni tampoco existimos sin ella. La conservación de la Amazonía sólo es posible junto con la defensa de los territorios indígenas y tradicionales, de la agroecología y de políticas públicas de salud, cultura y educación que tengan como actores a los pueblos de la región.

Por eso, nosotros, organizaciones campesinas de La Vía Campesina, denunciamos a los verdaderos culpables de este crimen de proporciones históricas: el agro negocio y la minería, apoyados por el gobierno de Bolsonaro. Exigimos el combate inmediato a los crímenes ambientales, al mismo tiempo que exigimos la garantía de los derechos de los pueblos de la Amazonía, sus reales e históricos protectores. ¡Es vital que toda la sociedad brasileña se levante contra esta atrocidad! ¡La Amazonía es territorio de vida, de alimentos, de agua, de culturas, no de destrucción, muerte, explotación!