Por Ramón Sánchez-Parodi Montoto (Parte I)

Pandemia y contracción económica fuera de control  Después de cuatro meses transcurridos desde que el 13 de marzo Trump decretase la emergencia nacional por el COVID 19 en Estados Unidos,  según el sitio www worldometers, el 20 de julio se había registrado un acumulado total de 3, 901,026  casos, de los cuales 1,955,155 están activos y se han producido 143,321 fallecimientos. La pandemia aún no ha llegado al llamado “pico” de la primera oleada y los especialistas expresan preocupación de que una segunda oleada pudiera aparecer al comienzo del otoño sin que se haya podido controlar la primera. 

En el caso particular de Florida, que es prácticamente el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos, el 19 de julio acumulaba un total de 350,047 casos, con 5,019 fallecidos, 98 más que el día anterior. Son más de 80 mil casos nuevos reportados en los últimos ocho días, cifra superior a la de cualquiera de los otros estados del país. 

Sobre la situación de la pandemia en Florida, Trump reiteró en entrevista con Fox News el domingo que las autoridades de salud están aplastando las “cenizas” del virus en algunos estados y que en Florida se volvió más “llamas que cenizas”, pero va a tenerse bajo control.

En el caso particular del condado Miami- Dade  se acumula el 25% de los casos del estado (con el 12% de la población del estado). Las capacidades de cuidados intensivos del estado están siendo empleadas al 107%; el habla popular le ha cambiado el nombre al gobernador DeSantis, ahora le dicen DeSasters. 

En definitiva, han transcurrido los meses de mayo y junio (y toda la primera mitad de julio), durante los cuales el gobierno de Trump predicó que la pandemia sería puesta bajo control y la economía comenzaría el proceso de recuperación, sin que se hayan cumplido esos objetivos.   “Apuntalando” la economía se han consumido un estimado de tres billones (tres millones de millones) de dólares suministrados por el tesoro federal.

Según los especialistas, ya se hace imprescindible que el Gobierno federal destine una cifra que pudiera oscilar entre un millón de millones y tres millones de millones de dólares, para evitar que a corto plazo la recesión en que está sumida la economía nacional desencadene  una calamidad que puede ser comparable con la de la Gran Depresión de los años ´30 del pasado siglo. Eso significa, hablando llanamente, que es el Gobierno federal quien sostiene financieramente la actividad económica del país.  

El desempleo es un indicador que refleja de manera directa el impacto de la situación económica en la población. Las cifras publicadas por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos con fecha 9 de julio, señalan que el 27 de junio la tasa de desempleo en el sector no agrícola era de 12,5% y que para la semana del 20 de junio el total de desempleados contemplados en los ocho programas existentes para todos los sectores era de 32’922,335 personas,  1,4 millones más que la semana precedente.  

Estas cifras son testimonio de que tampoco se ha producido la reanimación “con ganas” anunciada por Trump, a pesar de los más de tres millones de millones de dólares inyectados en la economía; grosso modo, unos 23 mil millones diarios.  El nuevo estímulo económico que se requiere de inmediato para apuntalar la economía del país, sobre el cual hay criterios diferentes entre republicanos y demócratas, es el punto principal a discutir por el Congreso.

Por la parte demócrata, las posiciones están plasmadas en el proyecto legislativo llamado Heroes Act, que cuenta con unas 1,800 páginas, aprobado el pasado mayo por la Cámara de Representantes (con el voto a favor sólo de demócratas), que comprenden gastos por un total de tres billones de dólares (es decir, otros tres millones de millones de dólares). La posición republicana, aun no expresada en un proyecto de ley, apunta a estímulos por un billón de dólares (1 millón de millones).  

Un punto importante para Trump y los republicanos es promover que los montos de subsidios por desempleo sean de menor magnitud a los devengados por los empleos que les sean ofrecidos, a fin de incentivar que se reincorporen a la actividad laboral.  Si la discusión de esta medida se lleva a cabo dentro del actual calendario oficial del Congreso, deberá debatirse y votarse antes del 8 de agosto, porque los fondos del primer desembolso (la llamada Cares Act) se habrán agotado y el Congreso entrará en receso hasta mediados de septiembre (ya en la llamada etapa de elecciones generales). 

En esas circunstancias sería  imperioso que el nuevo programa se debata y apruebe lo más temprano posible porque desde finales de julio se irán agotando los fondos disponibles para esos propósitos.  Por supuesto, la cuestión debe estar siendo analizada informalmente y de manera privada entre las partes y siempre queda el recurso de convocar a una sesión extraordinaria del Congreso para discutir y aprobar un nuevo estímulo económico. 

Ese aporte de recursos financieros es imprescindible para evitar que se desencadene una sucesión de efectos que van desde la caída del consumo, la reducción de los ingresos fiscales en todos los niveles, la morosidad en la liquidación de las hipotecas sobre las viviendas, la caída de las ingresos de los organismos federales, estaduales y locales, que provoquen  el caos y  tengan un impacto multiplicador de la crisis económica. 

Hacen falta más millones de millones de dólares para apuntalar la economía  Nos referimos a la necesidad de que republicanos y demócratas  lleguen a un acuerdo sobre el enfrentamiento a la pandemia y a la recesión económica. El actual ambiente electoral no parece ser propicio para alcanzar soluciones a fondo a estos sensibles y complejos asuntos, pero lo más sensato y práctico es que en los breves días que restan del actual período ordinario de la legislatura que entra en receso el próximo 8 de agosto, ambas partes maximicen  los puntos de conciliación y minimicen los de conflicto como vía para alcanzar una solución de consenso.  

Un ejemplo de estas contradicciones, que en este caso se da entre los órganos federales especializados de la salud y el presidente Trump, se refleja en las declaraciones del 14 de julio, de Robert Redfield, Director de los Centros de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) quien en entrevista con el editor en jefe de la Revista JAMA (The Journal of the American Medical Association) expresó que “en esta crítica coyuntura, en la cual la COVID-19 está resurgiendo, la amplia adopción de la máscara de tela es un deber ciudadano…  una altamente efectiva solución de baja tecnología que puede ayudar a cambiar favorablemente la marea  contra el COVID-19 con efectos nacionales y globales … si toda la población estadounidense adoptamos la máscara… rigurosamente… en las próximas cuatro, seis, ocho semanas podemos poner esta epidemia bajo control”. 

Más adelante enfatizó “Estoy preocupado; creo que el otoño y el invierno de 2020 y 2021 van a ser probablemente uno de los tiempos más difíciles que hayamos experimentado en la salud pública estadounidense” explicando los efectos severos de la co-concurrencia de la influencia y la COVID-19en esa temporada. Concluyó afirmando:” Ahora es el momento para dar a esta nación el sistema de salud pública que no sólo necesita sino que se merece”. 

Llama la atención que ese mismo día, el Departamento de Salud y Servicios Humanos instruyó a los hospitales que a partir del 15 de julio enviaran la información sobre sus pacientes de COVID—19 directamente a una base de datos administrada por dicho Departamento y no a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

También el 14 de julio, después que la empresa Moderna anunciase resultados positivos de una respuesta inmune estimulada por una vacuna en 45 voluntarios, el Dr. Anthony Fauci, quien en su condición de Director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas participa en el trabajo del grupo que elabora la vacuna, declaró que “lo que esperamos es que –con la combinación de gente que ya ha sido expuesta y una vacuna que proteja en un 70-75%-- haya suficiente inmunidad de rebaño… para que… no tengamos que preocuparnos de ser infectados por este espantoso virus”. Fauci expreso que “esperamos que el momento sea razonablemente pronto... dentro de un año a año y medio”.

El doctor Fauci, asevera que “se puede separar a las personas  al punto de no permitir la transmisión del virus y la única forma de hacerlo es con medidas draconianas de esencialmente cerrar el país”. También expresó: “Este es un problema serio, es verdaderamente histórico... es globalmente amenazador”.   El curso escolar: serio problema que afecta a decenas y decenas de millones de personas 

Con el país entrampado entre la necesidad de liquidar la pandemia de la COVOD–19 y la de recuperar la economía nacional, objetivos que después de cuatro meses de intentarlo se hace evidente que son contradictorios,  para Trump el tiempo tiene otra dimensión: necesita encontrar solución a la apertura y organización del venidero curso escolar que se iniciará a fines del próximo agosto. 

Es una tarea de gran envergadura porque en Estados Unidos cursan estudios en todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria, tanto pública como privada, unas 76 millones de personas. Son atendidos por unos 3,7 millones de profesores,  a los cuales hay que agregar el personal de apoyo. Suman alrededor de un 25% de la población, pero cuando le agregamos la incidencia de los padres y familiares inmediatos, se involucra la mayor parte de la población.  

El gobierno federal, en las personas de Trump, el vicepresidente Pence y la Secretaria de Educación, Betsy DeVos, presiona para que todas las instituciones educacionales, particularmente hasta el duodécimo grado, comiencen el curso escolar con presencia física de los alumnos, dentro del calendario normal y están en desacuerdo con las orientaciones de salud formuladas por los Centros de Control de Enfermedades que deben tenerse en cuenta por las autoridades locales a la hora de decidir reanudar las actividades escolares. El 8 de julio, Trump emitió tuits calificando las orientaciones de “muy duras” y “caras”. Las posiciones e interpretaciones divergentes se mantienen y no hay una palabra final sobre el asunto.  

Según encuesta de Yahoo News/YouGov realizada entre el 11 y el 14 de julio, un 63% de los encuestados opina que Trump no debe presionar la reapertura de las escuelas. Solo el 25% cree que sí debe mantener la presión. El 95% de los demócratas, el 72% de los independientes y el 58% de los republicanos, así como el 72% de los padres de alumnos de prescolar al 12mo grado consideran que debe priorizarse la salud pública.   

El viernes 19 de julio, la Casa Blanca no autorizó al Dr. Redfield a comparecer ante el Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes para ofrecer testimonio sobre la “reapertura” de las escuelas, con el débil pretexto de que “necesitamos que nuestros doctores se concentren en el enfrentamiento a la pandemia”.  

 Continuara…