Foto: Archivo/RHC.

Por: Jorge Wejebe Cobo

La Habana, 2 feb (RHC) A inicios de 1962, los abogados de la Casa Blanca debieron desempolvar viejos papeles para dar un viso legal a uno de los actos más criminales de la historia de ese país, iniciado oficialmente el 3 de febrero con la firma del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, de la Orden Ejecutiva 3447.

De esa forma imponía el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba a partir de la Ley de Comercio con el Enemigo del año 1917, promulgada contra el antiguo imperio alemán y sus aliados previo a la entrada de EE.UU. en la Primera Guerra Mundial.

Esta medida había sido sugerida desde unos años atrás por Lester D. Mallory, entonces Vicesecretario de Estado, durante la administración de Eisenhower, quien escribió el 6 de abril de 1960 un memorándum secreto que aconsejaba privar a Cuba “de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”, principios que se mantienen inalterables hasta nuestros días.

Posteriormente, el 31 de mayo de 1964 el gobierno norteamericano extendió el bloqueo a la prohibición total de exportación de medicinas y alimentos, funesto legado con el que Washington ha demostrado que no tiene límites en su política genocida contra la Isla.

Para entonces, una campaña mediática hizo cacarear a la prensa occidental aliada a Estados Unidos que esas medidas eran acciones legales de defensa de los intereses de la nación norteña ante la amenaza “Castro comunista” del país vecino, algo muy alejado de la verdad.

En realidad, la aprobación por el presidente Kennedy de iniciar la acción genocida contra la Antilla Mayor era parte de un complejo entramado de las acciones de guerra económica de la CIA conocida como Operación Mangosta, que buscaba vengarse por la derrota de Playa Girón y que en su etapa culminante en octubre de 1962, pretendía que junto a un alzamiento contrarrevolucionario general, se produciría la invasión de las tropas estadounidenses.

A lo largo de más de 60 años y ante el desespero de más de 10 administraciones estadounidenses que lo incrementaron en las esferas económica, comercial y financiera hasta niveles alucinantes ejemplificados en las Leyes Torricelli, y Helms Burton que sancionan a terceros países y compañías que comercian con la Isla.

La anterior administración del presidente Donald Trump adicionalmente perfeccionó la guerra económica contra la Isla con extrema perfidia al utilizar la pandemia de la Covid-19 para arreciar las medidas y en la esfera de la salud, por ejemplo, obstaculizar la llegada al país de medios de protección, insumos médicos y pruebas diagnósticas desde China, e impedir la adquisición de ventiladores pulmonares que son claves en la atención a las personas graves y críticas con el virus.

Además, en esta difícil coyuntura para la salud mundial, la Casa Blanca no flexibilizó en lo más mínimo sus acciones a pesar del llamado de la ONU y la comunidad internacional, que por más de un cuarto de siglo en la asamblea general de esa institución, apoya anualmente la moción cubana de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Esa es la funesta herencia que recoge la nueva administración demócrata del presidente Joe Biden, quien tiene la oportunidad de terminar con el bloqueo más largo y repudiado de la historia que lleva adelante la potencia más poderosa del mundo con el fin de doblegar por hambre y enfermedades al pueblo de una pequeña isla. (Fuente: ACN)