La sobrevaloración del peso cubano sobre el dólar (1x1) ha tenido durante todos estos años un efecto negativo en la economía de las empresas: abarata las importaciones y encarece las exportaciones. En la actualidad, con esta distorsión sería imposible concretar la necesidad planteada en la nueva estrategia económica de incrementar las ventas en el exterior  y sustituir las compras, mediante los encadenamientos productivos.

“Esa política de Gobierno hay que acompañarla monetariamente, y para ello no basta quitar el CUC sino que también hay que devaluar el peso cubano”, como señaló en la Mesa Redonda Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos.

    “El dinero que no le damos a los exportadores, cuando venden en el exterior, lo usamos para abaratarle las importaciones a los que no exportan y producen solo para el mercado interno”.

Este problema se solucionará con el nuevo tipo de cambio (por ejemplo, 1 USD x 20 CUP), porque las empresas exportadoras recibirán más dinero por vender sus productos en el exterior, y sus costos disminuirán en caso de usar insumos nacionales.

“Si un exportador exporta mucho, dispondremos de más divisas y de algún modo se beneficiará también el que no exporta. Se beneficia el país”.

Los cálculos realizados por el grupo encargado del ordenamiento monetario y cambiario apuntan a que todas las empresas exportadoras mejorarán su situación actual, y algunas duplicarán o triplicarán sus ingresos con el mismo nivel de actividad. Este paso mejorará los salarios de sus trabajadores.

En cambio, hay un grupo de empresas que deberán realizar un esfuerzo grande para soportar el peso de la devaluación. Los estudios arrojan que un grupo de entidades pudieran tener pérdidas en el primer año, por lo cual se diseñan soluciones como destinar recursos financieros para “calzarlas monetariamente” durante ese periodo.

    De no subsidiar las pérdidas de esas empresas, habría que cerrarlas y ello generaría desempleo. “Ese programa de ayuda desde el Gobierno implicaría compromisos claros de las empresas sobre cómo reducir las pérdidas en el tiempo y ganar competitividad”, advirtió Murillo Jorge.

Otro impacto que traerá el ordenamiento es que los sectores estatal y no estatal podrán encadenarse e interactuar en el escenario económico, en condiciones similares. Además, se logrará impulsar medidas anunciadas que favorecen la gestión de las empresas:

- Otorgamiento de facultades para formar precios.

- Incremento en la escala salarial.

- Flexibilidad en la distribución de utilidades, en particular en lo referido a límites para su repartición a los trabajadores.

- Mecanismo de asignación de divisas más flexibles y descentralizados.

- Créditos “puente” consistentes en facilidades de corto plazo para capital de trabajo, inversiones o salarios.

- Mayor transparencia en la contabilidad.

Según el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, con la “corrección de precios relativos” —significa que los bienes nacionales, si se producen con eficiencia, resulten menos costosos que los importados— que se logrará a partir de la unificación cambiaria, “el mercado empezará a dar señales diferentes a la economía”.

“Este es el efecto más grande que estamos esperando, una corrección de los precios relativos, un incremento de los salarios y mayor motivación para trabajar, aunque no sucederá de un día para el otro”.