Banco Mundial

Por Teyuné Díaz Díaz

La Habana, (Prensa Latina) A pocos horas de concluir el 2023, el Banco Mundial (BM) mostró las escandalosas cifras abonadas por los países en desarrollo en pagos del servicio de la deuda, cuestión que, sin duda, afectó la atención a necesidades críticas.

Salud, educación y medio ambiente quedaron relegados para esas naciones, al verse obligadas a cumplir, mediante un pago récord de 443 mil 500 millones de dólares de sus adeudos en 2022.

Ello en medio de las alzas sostenidas de las tasas de interés, siendo los países más pobres quienes corren mayores riesgos de sufrir crisis de impagos, sobre todo en el complejo contexto internacional.

“Cada trimestre con elevados tipos de interés, más países en desarrollo se ven afectados y se enfrentan a la difícil decisión de elegir entre pagar la deuda pública o invertir en salud pública, educación e infraestructura”, explica el BM.

Según el Informe sobre la deuda internacional del BM, los pagos del servicio de la deuda —incluidos capital e intereses— crecieron en 2022 un cinco por ciento frente a 2021.

ALERTAS TEMPRANAS DE CRISIS

Durante 2023 diferentes organismos internacionales alertaron sobre la gravedad del asunto.

Por ejemplo, en mayo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) abordó su preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública en los mercados emergentes y las economías en desarrollo.

El estudio advierte sobre la probable ralentización de las perspectivas económicas de las regiones en desarrollo, dado el debilitamiento de la actividad económica mundial, reducción del comercio internacional, elevada inflación y la volatilidad de los mercados financieros y de productos básicos.

Previo a la pandemia de la Covid-19, indica la Cepal, subieron los niveles de endeudamiento público en América Latina y el Caribe, y luego de la crisis sanitaria se agravó esa tendencia.

El aumento del servicio de la deuda, continúa, sobre todo en moneda extranjera, obliga a los países a enfrentar disyuntivas dolorosas que suponen sacrificar la inversión y el gasto social.

Un entorno insostenible para satisfacer esos compromisos financieros que, a su vez, acarrea una crisis de consecuencias profundas para el desarrollo y efectos perdurables en el crecimiento, inversión, pobreza y la desigualdad, subrayó la Cepal.

Más adelante, en julio, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) instó al G-20, las 20 economías más desarrolladas del orbe, a pausar el pago de deudas a los países de ingresos bajos y medios.

Una petición que surgió a pocos días de la reunión de los ministros de Finanzas del G-20 para debatir sobre la lucha contra la pobreza, la reforma de las principales instituciones multilaterales y la arquitectura de la deuda internacional.

En su reporte, el PNUD remarcó que, de 2020 a 2023, unos 165 millones de personas más cayeron en la pobreza y ahora suman unos mil 650 millones de individuos, más de 20 por ciento de la población mundial.

De acuerdo con esos datos, 25 países de renta baja gastaron más de 20 por ciento de sus ingresos en el servicio de la deuda en 2022, el mayor número de naciones desde el 2000, una cifra que podría continuar en ascenso.

Desde ese entonces el administrador de esa organismo internacional, Achim Steiner, afirmó que el servicio de la deuda dificulta cada vez más a los países apoyar a su población con inversiones en salud, educación y protección social, tal como refieren, además el BM y la Cepal.

Steiner precisó que en esa situación un gobierno ya no puede pagar a sus profesores; no puede contratar a médicos y enfermeras en los hospitales, ni tampoco suministrar los medicamentos para los centros rurales de salud.

El aumento de la pobreza es alarmante, la carga de la deuda es insostenible, sobre todo para los países de renta baja, acotó.

Igualmente en julio y previo a la reunión del G-20, el Grupo de Respuesta a las Crisis Globales, apuntó que la deuda pública mundial alcanzó una cifra máxima de 92 billones (un millón de millones) de dólares y de esas obligaciones 30 por ciento pesan sobre los países pobres.

Durante la presentación del texto, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, subrayó que “la mitad de la humanidad vive en países que se ven obligados a gastar más en el servicio de su deuda que en salud y educación, lo que significa nada menos que un desastre para el desarrollo”.

En coincidencia con la Cepal y el PNUD, el Grupo advirtió que el pago de las obligaciones, limita el desarrollo de esos Estados, pues los gobiernos reducen presupuestos para sus gastos sociales y, en consecuencia, tres mil 300 millones de personas carecen de acceso a programas dirigidos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la transición energética.

Pese a las alertas, durante la reunión de los ministros del G-20 no hubo consenso en cuanto a la reestructuración de la deuda de los países de renta baja y media.

El actual panorama carece de perspectivas de mejoría, reconoció el G-20, representante de las naciones con 85 por ciento del Producto Interno Bruto mundial, más del 75 del comercio internacional y unos dos tercios de la población de la Tierra.

Incluso, en aquella cita, el grupo admitió que la brecha entre ricos y pobres continuará al alza, de no acometerse con celeridad políticas que incluyan mecanismos para los más vulnerables. Sin embargo, no se pusieron de acuerdo para detener los pagos de la deuda.

PROPUESTAS DESOÍDAS

Afrontar los elevados niveles de deuda y los riesgos de sobreendeudamiento son cuestiones urgentes, sin embargo, no fueron escuchadas ni las alertas de los organismos internacionales, ni sus propuestas.

Por ejemplo, la Cepal y la ONU coincidieron en la necesidad de adoptar suspensiones de pagos, plazos de préstamos más largos y menores tasas de interés, asi como ampliar de forma masiva el financiamiento asequible a largo plazo, y otros para imprevistos. El banco Mundial defiende que los Gobiernos deudores, acreedores –oficiales y privados- y las instituciones financieras multilaterales, deben ser más transparentes, mejorar herramientas para la sostenibilidad de la deuda y crear mecanismos de reestructuración más ágiles.

En todo caso, ni alertas, ni posibles soluciones lograron un consenso entre deudores y acreedores, y con ello, el indetenible aumento de las desigualdades y la pobreza.