Bogotá, 13 dic (RHC) La corte constitucional de Colombia reanudó este martes los debates sobre el uso de la vía rápida para tramitar y emitir las leyes de la paz, fallo considerado clave tanto por el gobierno como por las insurgentes FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del pueblo.

El alto tribunal colombiano sesionó la víspera de manera extraordinaria con la intención de llegar a una conclusión acerca del empleo o no por el Congreso de ese mecanismo el cual permitiría analizar y expedir en un tiempo menor al que duran los procedimientos ordinarios, las normas y reformas necesarias en la actual etapa, sin embargo a última hora decidió prolongar las discusiones.

Luego de la validación en el máximo órgano legislativo del pacto de paz suscrito entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, lo que resta es implementar con rapidez todo lo concertado para evitar retrocesos.

De acuerdo con los expertos la ley de amnistía es una de las primeras que deberá evaluar el Parlamento pues además de conceder seguridad jurídica a los futuros desmovilizados constituiría un estímulo para procesos medulares como el desarme de esa guerrilla, la mayor de la nación sudamericana.

La Corte Constitucional reanudó los debates sobre el uso del fast track o vía rápida para tramitar y emitir las leyes de la paz, fallo considerado clave tanto por el Gobierno colombiano como por las FARC-EP.

El alto tribunal sesionó ayer de manera extraordinaria con la intención de llegar a una conclusión acerca del empleo o no por el Congreso de ese mecanismo el cual permitiría analizar y expedir en un tiempo menor al que duran los procedimientos ordinarios, las normas y reformas necesarias en la actual etapa; sin embargo a última hora decidió prolongar las discusiones.

Luego de la validación en el máximo órgano legislativo del pacto de paz suscrito entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, lo que resta es implementar con rapidez todo lo concertado para evitar retrocesos.

La ley de amnistía es una de las primeras que deberá evaluar el Parlamento pues además de conceder seguridad jurídica a los futuros desmovilizados constituiría un estímulo para procesos medulares como el desarme de esa guerrilla, la mayor del país, afirman expertos.

Fruto de casi cuatro años de diálogos públicos en Cuba el consenso actual tiene como base el oficializado en Cartagena de Indias en septiembre y rechazado luego en el plebiscito de octubre por la mayoría de los participantes en ese ejercicio democrático.

Tras un debate nacional dicho documento fue reajustado, rubricado en el capitalino Teatro Colón y autentificado en el Congreso; por lo que de la sentencia de la Corte Constitucional depende en buena medida que la paz pueda abrirse camino al afianzar disposiciones en vigor como el cese el fuego bilateral e impulsar otras pendientes, opinan políticos y analistas.

Debido a su importancia en el recién iniciado período de postconflicto, las FARC-EP y el Ejecutivo pidieron a la Corte Constitucional dar vía libre al fast track, llamado al que se sumaron legisladores, defensores de derechos humanos y otras voces.

Tal método (el fast track) tiene un doble significado: es una fórmula ágil de tramitación y de adopción de normas, de reformas constitucionales; también impediría cualquier tergiversación o deformación del espíritu original de los convenios, declaró a Prensa Latina el senador Iván Cepeda, impulsor de los diálogos con la insurgencia.

Prolongada durante más de medio siglo, la guerra interna ha dejado unos 300 mil muertos, casi siete millones de desplazados de sus lugares de origen y al menos 45 mil desaparecidos.

Mediante el acuerdo rubricado el pasado 24 de noviembre el Gobierno y ese movimiento rebelde se comprometieron a terminar la larga confrontación, texto el cual abarca determinaciones como el cese de las hostilidades y enfrentamientos, el desarme de los insurgentes y su reincorporación a la vida civil.

Quedaron consignados en el trascendental trato los caminos para la reparación de los daños causados a las víctimas de la contienda, la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto y el combate contra el tráfico ilícito de drogas con un nuevo enfoque, entre otras cuestiones.