Bogotá, 29 sep (RHC) El Consejo Político Nacional de la FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común rechazó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, y ratificó el estricto cumplimiento de los acuerdos de paz firmados con el Gobierno, en La Habana.
En un comunicado la dirección de la FARC, calificó de tendenciosas las palabras de Whiteiker, quien afirmó que la exguerrilla no ha cumplido lo pactado en relación con el tema de la droga en la nación colombiana.
Al respecto, subraya en el texto el Consejo Político que precisan fijar su posición ante la opinión pública sobre afirmaciones equivocadas que confunden y ponen obstáculos al buen desarrollo del proceso de paz en el país sudamericano.
En tal sentido refiere la FARC que el discurso del embajador estadounidense tiene el evidente propósito de reposicionar la fracasada política de interdicción y aspersión aérea en relación con el tema de la droga de uso ilícito, un problema de carácter global e integral que compromete a la comunidad internacional en su conjunto.
El proyecto de ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP), clave en el proceso de reconciliación en el país, comenzó una difícil travesía en el Congreso colombiano.
Pese a la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aplaudido por la comunidad internacional, crecen los obstáculos al interior del poder legislativo para aprobar la JEP, esencial en la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Al radicarse el proyecto en el Congreso la semana pasada, la primera objeción estuvo a cargo del fiscal general, Humberto Martínez, quien descalificó la JEP y exigió saber su competencia para investigar a miembros de la exguerrilla.
A ello se sumó la postura de los legisladores del partido Cambio Radical, de rehusarse a votar la iniciativa, además de la oposición ya sabida al acuerdo de paz de los parlamentarios de Centro Democrático, que lidera el expresidente y senador Álvaro Uribe.
Que la bancada de Cambio Radical, partido que había apoyado varios de los proyectos para la implementación del acuerdo de paz, decidiera no votar la reglamentación de la JEP, provocó la crítica del asesor jurídico de las FARC, Diego Martínez.
Martínez consideró que la Corte Penal Internacional debe enviar “de manera urgente” observadores para verificar y dar garantías a la aprobación de la JEP.
Conocido el complejo panorama en el Congreso, ayer el presidente Juan Manuel Santos firmó un decreto para que los magistrados del Tribunal Especial de Paz puedan comenzar a ejercer algunas funciones, sin necesidad de esperar la aprobación de la referida ley.
Las semanas por venir no se ven fáciles para llevar a la práctica lo pactado en La Habana, comentó en su edición de este viernes el diario colombiano El Tiempo.
El principal objetivo de la JEP, tal como quedó pactado entre el gobierno y la exguerrilla colombiana en noviembre pasado, es cumplir con el deber de investigar, esclarecer y sancionar graves violaciones a los derechos humanos en el contexto y en razón del conflicto armado.
Se busca de ese modo satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, y contribuir a la reparación de las víctimas y a la lucha contra la impunidad.
