Managua, 22 may (RHC) Los bloqueos de vías y carreteras, principalmente en las zonas rurales, persisten en Nicaragua, luego de fracasar en la mesa de diálogo nacional una propuesta de acuerdo dirigida a devolverle la tranquilidad y la estabilidad a las familias.

Sectores opositores que participan en las conversaciones rechazaron la víspera una iniciativa que llamaba a poner fin a la violencia venga de donde venga, permitir la libre circulación del pueblo y el derecho al trabajo, refiere Prensa Latina.

Los representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, la Unión de Productores Agropecuarios, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, una parte del sector campesino y el denominado Movimiento 19 de Abril votaron en contra de esa propuesta.

La iniciativa partió de los representantes de las micros, pequeñas y medianas empresas, el sindical-corporativo y productores agropecuarios, respaldada por la delegación del gobierno, al considerar vital la seguridad y estabilidad del pueblo nicaragüense.

El canciller Denis Moncada, representante del Estado en la mesa, expresó su pesar por la posición del bloque opositor.

En opinión de Moncada el tema es de suma importancia y debería ser considerado con espíritu humanitario para la estabilidad, la paz, la seguridad y la convivencia, a fin de terminar la tensión que vive el país.

Tenemos que estabilizarnos en primer lugar y para ellos priorizar el cese de la violencia, los tranques, las afectaciones a la economía, las dificultades de libre tránsito, del comercio que afectan a todos los nicaragüenses, afirmó.

Para el ministro de Relaciones Exteriores resulta incongruente hablar de reformas políticas, de futuro si no se toma como prioridad acordar la paz, lo cual facilitará la continuación del debate sobre otros temas correspondientes.

En las largas horas de debates, el sector opositor solo se centró en pedir la renuncia del gobierno y avalar los tranques que impiden el derecho a la libre circulación en el país, el comercio y el derecho al trabajo.

Sin embargo, en lo que es considerado por observadores como un gesto de buena voluntad, el gobierno aceptó que la mesa hiciera suya las recomendaciones de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Ejecutivo invitó a ese organismo a realizar una visita de trabajo al país en el ámbito de la ola de violencia desata aquí desde el pasado 18 abril.

Todo comenzó cuando las protestas contra nuevas reformas al seguro social, ya derogadas, derivaron en enfrentamientos y hechos vandálicos, que aún mantienen a la nación en constante zozobra.

En dichas recomendaciones, de 15 puntos, la CIDH insta al Estado a 'cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas', las cuales en su mayoría suelen terminar en incidentes violentos contra bienes públicos y privados.

Igualmente llama a adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas.

Se espera que para este miércoles, cuando se retomen las conversaciones, se defina la creación de una comisión de seguimiento sobre las referidas recomendaciones de la CIDH.

(Prensa Latina)