Managua, 22 may (RHC) El gobierno de Nicaragua agradeció el respaldo de Corea del Sur al diálogo nacional por la paz y estabilidad del país.

La vicepresidenta Rosario Murillo reconoció y compartió con el pueblo una carta enviada por la embajada surcoreana al canciller Denis Moncada, en la cual manifiesta su fe en que la situación de la nación se resuelva pronto a través de un diálogo amplio, profundo y sincero.

En la misiva expresaron su deseo de que este gran país retome su rumbo hacia la paz, estabilidad, prosperidad y seguridad, según indicó Murillo.

También señalaron su preocupación por la crisis, la cual no solo afecta al pueblo nicaragüense, sino a los empresarios extranjeros con inversiones en la nación.

En ese sentido mencionó a las empresas de zonas francas que se perjudican con la suspensión o apertura parcial de las líneas de producción, y generan pérdidas para los empresarios y trabajadores.

De acuerdo con la vicemandataria, la cancillería recibió anteriormente mensajes de gerentes de zonas francas, sobre todo del departamento de Masaya, donde ocurrieron actos de violencia en las últimas semanas.

En esas cartas, explicó Murillo, detallan las dificultades que enfrentan para cumplir las metas productivas, los daños a las inversiones y a los empleados, quienes no obtienen los ingresos mensuales acostumbrados, porque no pueden llegar al trabajo.

Gobiernos, instituciones y organizaciones de otros países también apoyan la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y sectores sociales, instalada tras un mes de actos de vandalismo, enfrentamientos, muertes, heridos y afectaciones económicas por el orden de casi 260 millones de dólares, según cifras oficiales.

El Banco Central registra 157 millones de dólares menos en inversión extranjera directa y 270 millones de dólares en exportaciones, como consecuencia de la inestabilidad del país.

Sin precedente en las recientes décadas, la ola de violencia estalló el 18 de abril contra reformas del Gobierno al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las protestas, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.

Tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno nicaragüense, según observadores.