Madrid, 15 jun (RHC) Medios de prensa de España divulgaron acerca de la próxima derogación de la cuestionada reforma sanitaria impulsada durante el anterior gobierno del conservador Mariano Rajoy que vetó el acceso a los inmigrantes indocumentados a la salud gratuita y universal.
En Madrid el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez confirmó que en unas seis semanas invalidará el decreto aprobado en 2012 por el derechista Partido Popular de Rajoy que supuso la expulsión del sistema público de salud de unos 800 000 extranjeros en situación irregular.
Al respecto la portavoz del gubernamental Palacio de La Moncloa, Isabel Celaá declaró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez restituirá el derecho a la salud a todas las personas, lo cual consideró un mandato de todos los organismos internacionales, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y del Defensor del Pueblo.
Igualmente explicó que para revertir esa impopular transformación del Sistema Nacional de Salud, la máxima directiva del Partido Socialista Obrero Español elaborará en un plazo de seis semanas un nuevo real decreto ley para derogar el anterior, vigente desde abril de 2012.
Para la administración del socialista Sánchez, quien hace dos semanas asumió las riendas de este país europeo tras prosperar una moción de censura contra Rajoy, la revocación de esa reforma es una cuestión de justicia y de decencia política.
Celaá subrayó que restablecer la atención sanitaria pública universal es, además, un mandato de todos los organismos internacionales, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud y del Defensor del Pueblo.
Explicó que, para revertir esa impopular transformación del Sistema Nacional de Salud, el ejecutivo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) elaborará en un plazo de seis semanas un nuevo real decreto ley para derogar el anterior, vigente desde abril de 2012.
Tras su visto bueno en el Consejo de Ministros, serán necesarios otros 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados, agregó.
Como parte de un draconiano plan de austeridad para reducir el déficit fiscal, el PP de Rajoy acordó hace seis años una poda de siete mil millones de euros en el ámbito de la salud (un 10 por ciento del gasto sanitario estatal).
Esos recortes repercutieron sobre las finanzas de las 17 regiones de esta nación ibérica, que tienen transferidas las competencias en prestaciones esenciales tan sensibles como la sanidad y la educación.
Además de restringir el acceso de los migrantes “sin papeles” a la salud gratuita y universal, la entonces derecha en el poder introdujo en la impugnada reforma nuevos copagos farmacéuticos en función de la renta, que por primera vez afectaron a los pensionistas.
Desde su aplicación, esas medidas generaron multitudinarias protestas ciudadanas.
Organizaciones sindicales, sanitarias y sociales aplaudieron hoy el cambio del polémico modelo introducido por Rajoy, que algunos sectores interpretaron en su momento como una marcha atrás en el desarrollo de un derecho ciudadano universal.
