Guatemala, 9 nov (RHC) Estudiantes y docentes de la Universidad pública de San Carlos de Guatemala (Usac) permanecen en las afueras del Congreso para exigir respeto al presupuesto de ese centro educativo, amenazado con más recortes para 2019, otra de las medidas neoliberales del gobierno.
La protesta es muy peculiar, pues esta vez instalaron toldos y realizan jornadas científicas gratuitas (médicas y veterinarias) para ofrecer sus conocimientos de forma voluntaria y demostrar lo que la Usac retribuye a la población.
Entre críticas y manifestaciones pacíficas, el proyecto de gastos de la nación para el próximo año pasó el jueves último su segundo debate en el legislativo, donde también el gremio médico demanda aumento salarial y mejores condiciones de trabajo en los hospitales.
Actualmente una mesa técnica del Congreso considerará los argumentos de la Usac en reclamo de mayores fondos, después de un acuerdo entre los jefes de bloque el miércoles último, tras escuchar los argumentos del rector Murphy Paiz.
Paiz señaló que de forma extraoficial fueron informados de una rebaja de 341 millones de quetzales (un poco más de 45 millones de dólares) del monto inicial propuesto por el Ministerio de Finanzas y cuyo cinco por ciento establece la Constitución.
Los tijeretazos anunciados recibieron cuestionamientos, además, de diputados de la bancada Todos, quienes se pronunciaron por invertir en educación en vez de asignarle más recursos a las fuerzas de seguridad, privilegiadas ya con aumentos durante este año.
A juicio de María Cristina Quinto, integrante de la oficialista bancada Frente de Convergencia Nacional, es necesario atender las necesidades de la Usac y solucionar la crisis que atraviesa.
Otros congresistas fueron más allá y consideraron que el proyecto de presupuesto está mal estructurado y no responde a las verdaderas necesidades del país.
Para Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, no es recomendable que se reduzca el monto a instituciones como el Ministerio Público y el Organismo Judicial.
En tanto, Sofía Hernández, presidenta de la Comisión de Salud, aludió a la crisis que vive ese sector, en protesta desde hace meses en busca de una dignificación salarial.
Más señalamientos llegaron de parte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el cual consideró que el proyecto presupuestario castiga a las instituciones que luchan contra la corrupción y promueve mayores recursos para el Ejército.
El Icefi solicitó al Congreso corregir el plan general 2019, y llamó a los sectores del país a exigir aprobaciones legítimas y coherentes con las necesidades de la población y la gobernabilidad democrática.
El pasado 30 de octubre la Comisión de Finanzas entregó a la Dirección Legislativa del Congreso su dictamen favorable al plan de gastos de 2019.
El monto propuesto por el Ejecutivo mediante el Ministerio de Finanzas fue de 89 mil 775 millones de quetzales, (unos 12 mil millones de dólares) pero la sala de trabajo redujo el techo a 87 mil 715 millones (más de 11 mil millones de dólares).
La ley establece que el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para dar su visto bueno o no al presupuesto, donde están contenidos los gastos para el proceso electoral de 2019.
