Bogotá, 12 ene (RHC) Los hechos de violencia continuaron en Colombia con el asesinato de un líder social, mientras exguerrilleros e indígenas han sido las víctimas más frecuentes.
El crimen más reciente se cometió en las últimas horas contra el presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos, John Fredy Álvarez, ultimado en el departamento de Huila.
Anteriormente también perdió la vida en ese departamento la líder social Mireya Hernández, atacada por individuos no identificados cuando llegaba en motocicleta a su vivienda en compañía del esposo.
Varios hechos de violencia se registraron en la semana que concluye en Colombia, donde fueron asesinados líderes sociales e indígenas.
Uno de los crímenes se cometió en el municipio de Puerto Guzmán, ubicado en el departamento Putumayo, donde sicarios acribillaron al líder social Carlos Alonso Quintero.
En los límites de los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Caycedo, pertenecientes al mismo departamento, fue asesinado el líder social Emilio Campaña.
También en esa zona, sicarios pusieron fin a la vida de Gloria Ocampo, reconocida por su apoyo a programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
Mientras, en el departamento Huila fue ultimada Mireya Hernández, atacada por desconocidos cuando llegaba en motocicleta a su vivienda en compañía de su esposo.
El guardia indígena Anuar Rojas también fue víctima de la violencia en los últimos días, ya que fue asesinado en el departamento Chocó, donde desde hace días varias voces denuncian el accionar de grupos armados ilegales.
Unido a ello, el partido colombiano FARC informó que Villarmil Serna, excombatiente de la exguerilla FARC-EP, fue víctima de un ataque con bala en el departamento del Cauca.
En este departamento se registran los índices más altos de asesinatos a líderes y firmantes de la paz. Esta situación ante la indiferencia del gobierno que no brinda garantías, expresó esa formación política mediante su cuenta en Twitter.
Pese a las reiterados llamados a la paz durante protestas antigubernamentales, Colombia abrió el año 2020 en un contexto marcado por asesinatos.
Diferentes voces coinciden en que cientos líderes sociales, indígenas y exguerrilleros fueron ultimados desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP, por lo que insisten en la necesidad de su implementación integral en aras de concretar una paz con justicia social, estable y duradera.
En dicho entorno, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, subrayó que la seguridad es uno de los principales desafíos para la implementación del Acuerdo.
Ruiz Massieu apuntó que “hay preocupación sobre la seguridad de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, en las comunidades, algunos departamentos como el Cauca, Nariño y Chocó, son de especial preocupación”.
Asimismo, puntualizó que en los informes del secretario general de la ONU (António Guterres) se numeran algunas de las causas que pudieran ser motivo de esa violencia, entre ellas economías ilícitas, presencia de grupos ilegales armados y falta de oportunidades económicas.
Por ello, se refirió a la necesidad de la implementación integral del Acuerdo al precisar que en el mismo hay diferentes puntos que tratan de lidiar con las mencionadas problemáticas.
