El Partido Republicano ha perdido su cuota de poder tras la derrota electoral de su candidato y presidente de EEUU, Donald Trump, y se encuentra en una posición delicada. Se teme que la corriente del ala trumpista en las filas de la formación siga consolidándose con su influencia a un ritmo imparable que derive en que sus consideraciones sean decisivas en las políticas del bando conservador de cara al futuro.
Algo más de un centenar de funcionarios judiciales y congresistas de filas republicanas, concretamente, 19 fiscales generales estatales y 127 miembros republicanos del Congreso de EE.UU., secundaron con sus firmas rubricadas en una demanda presentada ante la Corte Suprema la impugnación y anulación de todo voto por correo “propenso al fraude” emitido en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de noviembre que se contabilizaron en los cuatro estados clave de Georgia, Míchigan, Pensilvania y Wisconsin, y cuyo resultado dieron la victoria al demócrata Joe Biden.
Las autoridades de Texas interpusieron el 9 de diciembre una demanda contra los cuatro estados bisagra ante la Corte Suprema, acusándolos de efectuar cambios inconstitucionales en las leyes electorales a propósito de los comicios presidenciales, permitiendo el voto por correo bajo el pretexto de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, cuyos estragos devastadores siguen afectando todavía al quehacer diario de la población estadounidense, tanto en su economía nacional como en su salud pública.
Al día siguiente, la campaña electoral del presidente saliente de EEUU elevó ante la misma corte una moción para respaldar la demanda interpuesta por las autoridades de Texas y otros 17 estados en contra de los resultados en los cuatro estados disputados, que fueron a parar a favor de la candidatura del que fuera exvicepresidente durante el mandato de Barack Obama.
Y todo este esfuerzo, que no sirvió para nada, ya que la más alta instancia judicial rechazó el 11 de diciembre todas estas demandas por no sustentarse en pruebas sustanciales que probaran tales “fraudes electorales” denunciados por la campaña del magnate republicano, en las que alegaban ser objeto de una supuesta conspiración urdida desde las filas demócratas para arrebatarle a Trump las elecciones a la Presidencia en su segundo mandato.
Los nueve jurisconsultos de la Corte Suprema, incluidos tres designados por el propio Trump, concluyeron que el estado de Texas no tenía derecho a interferir en la organización de las elecciones en otros estados.
El fallo de la Corte Suprema, de hecho, se trataba de una crónica anunciada por cómo se pronunciaron en su momento los magistrados de cada tribunal federal de los estados clave, en los que el equipo legal de la campaña de Trump había interpuesto sus respectivas demandas con el objetivo de voltear los resultados electorales en pro del líder republicano.
Partiendo de todo lo expuesto anteriormente, ahora surge la pregunta de ¿cómo pueden unos políticos, pertenecientes a la élite potentada republicana, educados en las mejores escuelas de EE.UU. y experimentados en la política estadounidense, haberse prestado a esta jugada tan inverosímil iniciada por el propio Trump y su círculo más adepto a su doctrina. (HispanTV)
