Foto: La Razón.

Sucre, 2 oct (RHC) El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, aseguró este domingo que la filtración de un documento del Departamento de Estado que pone en duda la legitimidad de las elecciones de 2019 es parte de una operación de propaganda política.

“No tiene mayor trascendencia aquí en Bolivia, ni en la Comunidad Internacional”, afirmó el ministro en entrevista televisada sobre el texto entregado en forma encubierta a medios periodísticos de La Paz y Santa Cruz usualmente alineados con sectores radicales de la oposición.

Mayta, sin embargo, añadió en referencia al escrito en el cual la Casa Blanca avala el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que contribuyó al golpe de Estado de noviembre de 2019, que “llama la atención” la forma en que se filtró.

Subrayó que se trata de un documento de carácter oficial de Estados Unidos y en idioma inglés.

“¿Quién filtró ese reporte?, porque es un documento de instituciones estadounidenses, ¿cómo se filtró?,(…), ¿quién hizo la traducción?, ¿será que es una traducción coherente con el original?, porque es parte de trámites internos de Estados Unidos”, razonó ante las cámaras del canal Bolivia Tv.

Por su parte, los conductores del programa Primer Plano de la más importante cadena boliviana subrayaron que este reporte salió a la palestra 24 horas antes del cabildo realizado en Santa Cruz y que coincidió con la publicación de otro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Terrorismo Separatista de 2009.

Tales coincidencias llamaron la atención de los comentaristas de Bolivia Tv, quienes advirtieron de similitudes con las acciones golpistas iniciadas en Santa Cruz en 2019.

El presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, al dar un ultimátum este 30 de septiembre al Gobierno para que fije como fecha de realización del Censo de Población y Vivienda el año 2023, recurrió a dos simbolismos.

El primero, los 21 días, tiempo que duró el paro indefinido que desembocó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, y el segundo, el inicio de esa medida de presión a partir del 22 de octubre, fecha coincidente con la arrancada de aquellas movilizaciones antigubernamentales.

Calvo cerró la lista de oradores con una relación de demandas ajenas al censo, motivo de la convocatoria al cabildo.

Resaltan entre ellas el caso Terrorismo Separatista y la exigencia de un juicio contra el expresidente Morales, la seguridad jurídica, el avasallamiento de tierras, el cultivo de coca, el calificativo de “traidores” en alusión al alcalde municipal cruceño, Jhonny Fernández, y la autorización de la incorporación de los transgénicos en el agro.

El ministro de Justicia informó este domingo que Bolivia exigió una explicación a la CIDH sobre la filtración del documento sobre el caso Terrorismo Separatista, pues ese asunto está en reserva y es confidencial. (Fuente: Prensa Latina).