Ahora se manda el mensaje de que la puerta de nuestra casa (Estados Unidos) está cerrada para personas que maten a su pueblo.
La Paz, 29 sep (RHC) Los bolivianos celebran este viernes la condena en Estados Unidos en un proceso civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, por “ejecuciones extrajudiciales”.
Culpables de la matanza de cerca de 70 personas en octubre de 2003 en El Alto, ambos tuvieron que negociar una compensación a las víctimas, confirmaron en conferencia de prensa el abogado Thomas Becker (en la foto) y sus representados.
El letrado calificó de un hecho sin precedentes y una victoria de las nueve familias en representación de las decenas de víctimas, quienes plantearon y llevaron adelante el juicio civil.
Tal proceso empezó el 5 de marzo de 2018 ante el juez federal de Estados Unidos, James Cohn, de la Corte Federal de Fort Lauderdale, Florida.
La iniciativa jurídica fue planteada e impulsada ante los infructuosos exhortos suplicatorios enviados por Bolivia a Estados Unidos con vista a lograr la extradición de los principales acusados en el expediente de responsabilidades abierto en los estrados judiciales.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron en 2003 al país del Norte y allá encontraron refugio después de la matanza que cobró cerca de 70 vidas y dejó cientos de heridos por impactos de bala.
El exministro de Defensa ordenó un ametrallamiento masivo ante el fracaso en la contención de una protesta social de quienes se oponían a que el gas de Bolivia fuese enviado a Estados Unidos vía Chile “a precio de gallina muerta” por el Gobierno neoliberal de entonces.
“Después de pelear 20 años lo hemos logrado, nadie es intocable en esta vida, por más que tenga plata, lo que sea», expresó Teófilo Baltazar, uno de los demandantes.
El monto de la compensación y los términos del acuerdo sellado este jueves tienen un carácter confidencial, según Becker, sin embargo, el juez Cohn en su sentencia inicial y ratificada en 2021 determinó que los demandados debían pagar 10 millones de dólares.
“Hay una resolución que dice que es el momento de resolver la disputa legal, ¿qué significa? no hay más apelaciones, Goni no podía apelar, no pueden ir a la Corte Suprema, no hay más apelaciones”, informó el abogado.
Agregó que la única cosa que queda es el veredicto que los declara responsables de ejecuciones extrajudiciales.
“Ahora se manda el mensaje de que la puerta de nuestra casa (Estados Unidos) está cerrada para personas que maten a su pueblo”, exclamó el jurista norteamericano.
Esos crímenes ocurrieron durante los conflictos acaecidos en la Ciudad de El Alto y en su vecina La Paz con la intervención de tanquetas y efectivos militares fuertemente armados.
Antecedente del levantamiento popular alteño fue el motín policial de febrero de 2003 en La Paz, en protesta contra un impuesto al salario dispuesto por el Gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada. (Fuente:PL)
