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Quito, 24 nov (RHC) El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrenta hoy la segunda denuncia por violencia política de género presentada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La candidata a la vicepresidencia María Luisa Coello, del movimiento Democracia Sí, presentó ante ese organismo su acusación contra el mandatario por los actos que ha sufrido la vicemandataria, Verónica Abad, suspendida del cargo por 150 días.
De acuerdo con Coello, Noboa ha actuado para impedir que Abad ejerza la presidencia cuando él deba pedir licencia durante la campaña para las elecciones de 2025, como establece la ley.
La denunciante recalca que eso no solo afecta a Abad, sino que «genera un antecedente nefasto para las mujeres involucradas en la actividad política».
“No más amenazas, no más estereotipos, no más violencia. Exijo acciones inmediatas de las autoridades para garantizar justicia y equidad”, escribió Coello en sus redes sociales.
Entre los argumentos de Coello están las declaraciones de Noboa sobre los “tres palos”, con las que hizo alusión a una supuesta ventaja sobre sus adversarios políticos, una frase con “estereotipo de género y contenido denigrante hacia las mujeres” que se viralizó en redes sociales.
En contra del gobernante también hay otra denuncia por violencia política de género presentada por la propia Verónica Abad, quien acusó del mismo delito a otros funcionarios del Ejecutivo: el exviceministro de Gobierno, Esteban Torres; la asesora presidencial Diana Jácome; y la canciller, Gabriela Sommerfeld.
Ese proceso ya tuvo su primera audiencia en la cual ambas partes presentaron sus pruebas y alegatos y está pendiente la sentencia de primera instancia.
Abad retornó a Ecuador la semana pasada en lo que ella catalogó como un “acto de rebeldía” tras la sanción administrativa impuesta en su contra.
Hace casi un año salió hacia Israel, por orden de Noboa, que la designó embajadora y colaboradora para la paz, y el 9 de noviembre fue sancionada por el Ministerio de Trabajo por «abandono injustificado del trabajo», al no haber realizado en el tiempo establecido su traslado a Ankara desde Tel Aviv.
La penalización de la segunda jefa del Gobierno derivó en la designación de Sariha Moya como vicemandataria encargada, mientras, políticos y juristas de diferentes tendencias ideológicas consideraron inconstitucional la decisión del Ejecutivo de suspender a la titular.
