Quito, 3 feb (RHC) El gobierno de Ecuador y la Secretaría General de la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, se comprometieron en Quito a impulsar la libre movilidad académica de estudiantes y profesionales por los países miembros de ese bloque subregional.

Durante la rúbrica de una Carta de Compromiso para la ejecución del primer proyecto del Fondo de Iniciativas Comunes del organismo, explicó el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, que la iniciativa busca promover que los profesionales sudamericanos puedan ejercer en cualquier país de la zona.

También destacó el ministro ecuatoriano coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Arauz, que el proyecto de libre movilidad académica permitirá comprobar el estado de la educación en Sudamérica, para lo cual se contará con un financiamiento de más de 66 millones de dólares aportado por el Fondo de Iniciativas Comunes de la Unasur.

Al respecto, precisó que se realizará un diagnóstico de las políticas y programas de educación intra e intercultural y plurilingüe, de las normativas y procedimientos para la equivalencia de estudios en la educación básica, media y secundaria, y del reconocimiento, homologación y habilitación de títulos para ciudadanos sudamericanos.

Con anterioridad el presidente de Ecuador, Rafael Correa, instó a impedir la impunidad de cualquier crimen en el país durante la inauguración de una unidad de flagrancia en Durán, en la costera provincia de Guayas.

De acuerdo con el mandatario, el crimen político más atroz de la historia nacional, conocido como la "Hoguera Bárbara" (28 de enero de 1912), cuando un grupo de ciudadanos instigados por la prensa asesinaron al padre del liberalismo ecuatoriano, Eloy Alfaro, e incluso ultrajaron su cadáver, quedó en la impunidad.

Como ese, otros crímenes nunca fueron juzgados, según Correa, y expuso la transformación del sistema judicial ecuatoriano en sus nueve años de gobierno.

Dentro de los cambios destacó los nuevos modelos de gestión y atención, la ejecución de nuevas obras de infraestructura en territorios, la protección de los derechos de los ciudadanos, la resolución efectiva de los conflictos.

Hasta hace pocos años, Ecuador tenía una de las tazas de cobertura judicial más bajas de América Latina, ese era el ahorro de la partidocracia, ahorro caro, porque sin justicia no hay democracia, ni civilización, recordó el Presidente.

Ahora el país se encuentra por encima del promedio latinoamericano, gracias al adecuado gasto público de la Revolución Ciudadana, Ecuador tiene 12,5 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras la región ostenta un promedio de 10,7, puntualizó.

También, el gobernante subrayó como otra prueba de la mejora en materia de justicia la creación en 2008 de la Defensoría Publica, porque antes del actual gobierno quien no podía pagar un abogado estaba indefenso, lo cual, a su juicio constituía una violación de un derecho humano.

Una de las conquistas de la Revolución Ciudadana es la existencia de defensores públicos a disposición de quienes no tiene para pagar un abogado, recalcó.

Correa contó que por las acciones de su Ejecutivo en 2011 Ecuador ya tenía 175 defensores públicos y partir de la reforma judicial la cifra pasó a 776, y los fiscales de 599 contabilizados en 2011 llegaron a 865 en 2015.

Para orgullo del gobierno, según el mandatario, de un sistema de justicia que resolvía menos del 30 por ciento de los casos ingresados, Ecuador desde 2014 exhibe una tasa de resolución superior al 100 por ciento.

Lo anterior significa que el sistema no solo es capaz de resolver todas las causas ingresadas sino de descongestionar causas pendientes, el acumulado de años anteriores.

Somos referencia a nivel continental, vienen de otros países a aprender del modelo judicial ecuatoriano, exclamó Correa.