Brasilia, 7 abr (RHC) Una comisión especial de la Cámara de Diputados comenzará a debatir este jueves la admisibilidad del procedimiento de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, aprobado en su parecer por el relator Jovair Arantes, del Partido Laborista Brasileño (PTB).

Apenas culminó la sesión de la víspera, en la que Arantes requirió más de cuatro horas para leer una pieza de 130 páginas en la cual fundamentó su posición, se supo que por lo menos 110 parlamentarios estaban ya inscritos para intervenir en las discusiones, informa Prensa Latina.

La comisión la integran 65 legisladores y cuenta con otros tantos miembros suplentes, por lo que el congresista Alejandro Molon, del partido Red de Sostenibilidad (REDE), sugirió trabajar de las 09:00 a las 21:00 horas durante jueves y viernes y limitar a 15 minutos cada intervención, a fin de poder realizar la votación el próximo lunes por la tarde.

Al exponer su parecer, Arantes -señalado como uno de los más cercanos colaboradores del titular de la cámara baja, Eduardo Cunha- consideró que la denuncia presentada contra la jefa de Estado por presunto delito de responsabilidad cumple todas las condiciones legales y políticas para ser aceptada.

La situación denunciada exhibe, a priori, la usurpación por el Poder Ejecutivo de prerrogativas del Poder Legislativo en materia presupuestaria, dijo.

Señaló también que, según su parecer, hay serios indicios de una conducta personal dolosa de la mandataria que atentan contra la Constitución Federal, más exactamente contra los principios de separación de poderes y del control parlamentario de las finanzas públicas.

Si la Cámara no analiza por lo menos la admisibilidad del pedido de impeachment, no estará contribuyendo a la superación de la actual crisis que vive el país, estimó.

Arantes se refirió asimismo a la conveniencia y oportunidad política del proceso de destitución de la Presidenta y señaló que llevarlo adelante constituye un imperativo ético.

Menos de 48 horas antes de la extensa exposición del relator, y en su alegato de defensa ante la comisión especial, el ministro-jefe de la Abogacía General de la Unión José Eduardo Cardozo pidió archivar el impedimento y rechazó la denuncia contra Rousseff, la cual -evaluó- está permeada de errores conceptuales básicos.

El letrado hizo una contextualización histórica, jurídica y política de los procedimiento destituyentes en Brasil y subrayó que estos solo son válidos en situaciones de gravedad extrema o de absoluta excepcionalidad que atenten contra la Constitución.

No habrá impeachment sin esas condiciones, dijo; y precisó que para configurarse un crimen de responsabilidad, tales actos tienen que ser practicados directamente por el Presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa.

Cualquier tentativa de destitución que no cumpla con todos esos presupuestos es inconstitucional e ilegal y, por consiguiente, constituye un golpe de Estado, afirmó.

Cardozo fustigó por otra parte el notorio desvío de poder practicado por Cunha al admitir el pedido de impedimento y enfatizó que este usó su competencia para vengarse de Roussef y del Partido de los Trabajadores, cuya bancada votó por la apertura de un proceso de casación por corrupción contra él, en marcha en la Comisión de Ética de la cámara baja.