Buenos Aires, 26 abr (RHC) Un nuevo fondo buitre presentó un reclamo multimillonario contra Argentina, luego de que los dos principales grupos de capitales que litigaron contra ese país confirmaron haber recibido el pago acordado, el último mes de febrero, con el gobierno de Mauricio Macri.

El inversor Mojammad Ladjevardian, quien posee un grupo financista en Houston y compró bonos de deuda a la nación sudamericana en cesación de pagos, en 2002, exige al Ejecutivo de Macri el pago de cuatro mil millones y medio de dólares, monto que está por fuera de lo comprometido por el gobierno del primer mandatario.

Ladjevardian se negó a ingresar en los canjes de 2005 y 2010, y alertó que sería el primero en presentarse para demandar a Argentina en contra del reciente convenio firmado por el Ejecutivo nacional.

La víspera, ese fondo buitre pidió al juez Thomas Griesa que embargue el dinero de más que recaudó el gobierno argentino la semana pasada en la colocación de nuevos bonos de deuda.

Mientras la pérdida de empleo y la carestía de la vida generan preocupación en la Comisión Episcopal de Pastoral Social (Cepas) de Argentina por los negativos efectos que ya tienen sobre los sectores más vulnerables.

El secretario ejecutivo de la Cepas, sacerdote Adalberto Odstrcil, y otros miembros de su cuerpo religioso recibieron a un grupo de referentes de organizaciones sociales para analizar la situación.

Hace unas semanas, la Universidad Católica de Argentina difundió los resultados de un estudio según el cual el ajuste económico aplicado por el gobierno del presidente Mauricio Macri provocó que un millón 400 mil personas engrosaran la lista de pobres en tan solo el lapso de tres meses.

El centro de estudios Tendencias estimó en 127 mil los despidos en tres meses y medios, en tanto el diario Ámbito Financiero mostró estadísticas indicativas de que el precio de los productos agrícolas se multiplicaron por 5,6 veces.

Organizaciones sociales y barriales han vuelto abrir las ollas populares como manera de paliar la precaria situación de alimentación para un creciente número de familias pobres.

A través de un comunicado la Cepas y las organizaciones que recibió advirtieron que "se compartieron miradas sobre la realidad social de nuestro país".

Abordaron "las situaciones de conflicto y preocupaciones concretas tales como el avance de la inflación, la suba de precios en los medicamentos, el crecimiento de la pobreza, el narcotráfico, la pérdida de puestos de trabajo registrado e informal", precisa la nota que difunde el sitio El Destape.

Hay hoy en Argentina un abandono de políticas para apoyar la pequeña y mediana empresa, aseveró Eduardo Fernández, presidente de la asociación que las aglutina, Apyme, quien reconoció que existe una emergencia laboral.

"Cuando nos desprendemos de trabajadores es que estamos próximos a cerrar", señaló Fernández en declaraciones a Radio 10.

El titular de Apyme hizo el planteamiento cuando toma fuerza la discusión en torno a la aprobación por el Congreso una ley antidespidos. Sobre eso dijo que "lo primero es reconocer que hay una emergencia de trabajo".

"Nos ha costado mucho mantener los puestos de trabajo. Es necesario también que se pueda debatir una ley sobre las Pymes porque es muy difícil salvar el empleo sin salvar la fuente de empleo", sostuvo Fernández.

En ese sentido, aseguró que las políticas recién implementadas no ayudaron al crecimiento del sector y consideró que existe abandono a la pequeña y mediana empresa.

"Ha habido muchos despidos en las grandes empresas y el Estado. En las Pymes, la mano de obra es capital de trabajo, es esencial. Cuando nos desprendemos de los trabajadores, es que estamos próximos a cerrar la empresa", advirtió.

Junto a la carestía de la vida, el empleo figura entre las tres grandes preocupaciones de los argentinos.