Tegucigalpa, 29 abr (RHC) Ciudadanos de Honduras protestaron en Tegucigalpa, frente a la oficina de la OEA, Organización de Estados Americanos, para exigir una investigación profunda sobre el desvío de fondos públicos en el Instituto Nacional de Seguridad Social, considerado uno de los principales casos de corrupción en el país.

Durante la protesta, recordaron los manifestantes a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras de la OEA que el fraude financiero de esa institución, de más 7000 millones de dólares, provocó cerca de 3000 muertes en el país.

Por otra parte, aseguró el vocero de la Misión de Apoyo, Juan Jiménez Mayor, que se comenzarán a investigar cerca de 13 casos de corrupción en Honduras, incluyendo el que involucra a la Policía Nacional en el asesinato, en 2009, del zar antidrogas Julián Arístides González, por combatir el narcotráfico.

También se informó de la depuración policial en Honduras, con la suspensión de manera temporal de las vacaciones, permisos y retiros voluntarios a los miembros de esa fuerza.

La medida aplica "a todo el personal (oficiales, escala Básica y demás funcionarios) de la Dirección Administrativa de la Policía Nacional", confirmó la Comisión Especial encargada de llevar adelante el proceso.

Según difundió ese aparato de justicia, esa resolución entró en vigor desde el pasado 26 de abril, de mutuo acuerdo con el director general del cuerpo policial, Félix Villanueva, y se mantendrá hasta que termine la depuración.

Asimismo, dio a conocer los nombres de 23 comisionados suspendidos por presuntos vínculos con la corrupción instaurada en la policía, a la vez que ratificó en su puesto a otros 16 oficiales como parte de su reestructuración.

La depuración policial arrancó en Honduras, a propuesta del presidente Juan Orlando Hernández, tras varios intentos fallidos para adecentar a ese organismo, blanco de diversas denuncias ligadas al narcotráfico, violaciones a los derechos humanos y otros crímenes de alto impacto.

El mandatario hondureño promovió la iniciativa en medio de las investigaciones por los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides González en 2009, el experto en seguridad Alfredo Landaverde en 2011 y el fiscal contra el lavado de dinero Orlan Chávez en 2013, a manos de uniformados.