Brasilia, 2 jun (RHC) El Senado de Brasil decidió anular la votación del calendario del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por lo cual la comisión especial encargada del caso decidió esperar el dictamen del Supremo Tribunal Federal .

En medio de disputas, los parlamentarios defensores de Dilma Rousseff rechazaron la propuesta que presentó la senadora opositora Simone Tebet de acortar a 20 días el tiempo para la defensa de la primera mandataria, cuyo objetivo es concluir el juicio en su contra a mediados de julio y no en los primeros días de agosto, como estaba planteado.

Mientras el presidente de la comisión de Impeachment, Raimundo Lira, apoyó la propuesta bajo el argumento de que la prestación juridiccional tiene que hacerse de manera acelerada y planificada, y el abogado de la jefa de Estado brasileña, José Eduardo Cardozo, rechazó ese acortamiento por carecer del tiempo necesario para ejercer la defensa.

La víspera, Cardozo entregó a la Comisión a cargo del juicio político un informe con la estructura de la defensa, en el cual argumenta que el proceso jurídico se activó, no porque la presidenta haya cometido un crimen de responsabilidad, sino porque sectores políticos querían detener la investigación sobre corrupción en la empresa estatal Petrobras y sacarla del gobierno.

La Comisión Procesal de Impeachment del Senado Federal de Brasil definió la hoja de ruta para la nueva etapa del proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, separada temporalmente de su cargo.

Una versión del cronograma de trabajo presentada la semana pasada por el relator del colegiado, Antonio Anastasia, y cuya aprobación fue diferida para este jueves, prevé concluir el proceso en apenas 90 días, pues estipula que la votación del parecer en el plenario de la Cámara alta se produzca entre el 1 y el 2 de agosto.

El programa previsto por Anastasia contempla la audiencia de testigos, realización de pericias, esclarecimiento por parte de los peritos y compilación de documentos entre el 6 y 17 de junio; el 20, el interrogatorio de Dilma, y del 21 al 5 de julio la presentación por escrito de las alegaciones de los denunciantes.

Este mismo paso lo realizará la defensa entre el 6 y el 21 de julio, mientras el 25 el relator dará a conocer su nuevo parecer, el cual deberá votarse el 27. Un día después éste sería leído ante el plenario del Senado, que tendrá un plazo de al menos 48 horas para discutirlo antes de someterlo a votación.

Tanto en la Comisión Procesal (21 miembros) como en el pleno senatorial (81) la aprobación del relatorio de Anastasia requerirá de la mayoría simple.

En caso de decidirse la continuación del proceso, entonces asumirá la presidencia del juzgamiento el titular del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, y la segunda votación en el plenario, en la cual se definiría el apartamiento definitivo no de Rousseff, exigirá para su aprobación del voto favorable de 54 senadores.

La víspera, el abogado defensor de Dilma, José Eduardo Cardozo, entregó el alegato preliminar a la Comisión Procesal de Impeachment; un volumen de más de 300 páginas.

Desde el inicio del proceso, y en su primera alocución ante la Comisión Especial de Impeachment de la Cámara de Diputados a comienzos de abril, Cardozo sostiene que éste es, desde su comienzo, un acto viciado y, por consiguiente, nulo.

La denuncia fue aceptada por el ex titular de la Cámara baja Eduardo Cunha para vengarse del Partido de los Trabajadores, por lo cual existió un claro desvío de poder, puntualizó entonces.

Hizo también una contextualización histórica, jurídica y política de los procesos de destitución en Brasil y subrayó que estos solo son válidos en situaciones de gravedad extrema, o de absoluta excepcionalidad, que atenten contra la Constitución.

No habrá impeachment sin esas condiciones, dijo y precisó que para configurarse un crimen de responsabilidad, como el que se le atribuye a Rousseff, tales actos tiene que ser practicados directamente por el Presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa.

Cualquier tentativa de juicio político que no cumpla con todos esos presupuestos es inconstitucional e ilegal y por consiguiente constituye un golpe de Estado, afirmó.

Cardozo esclareció asimismo que la denuncia contra la jefa de Estado contiene solo dos aspectos: la promulgación de seis decretos suplementarios en 2015 y las impropiamente llamadas "pedaladas fiscales", una práctica aceptada por décadas por los Tribunales de Cuentas de todo el país, rememoró.

En ninguno de los dos casos se trata de actos ilegales y, en consecuencia, tampoco de un crimen de responsabilidad, adujo antes de reiterar que tales denuncias son manifiestamente improcedentes.