La Habana, 16 ene (RHC) A pesar de la hostilidad del actual gobierno de Estados Unidos y la puesta en marcha de medidas que entorpecen el flujo de personas entre los dos países, Cuba continúa con la actualización e implementación de su política migratoria para adaptarla a los tiempos que corren y garantizar que ocurra de manera legal, ordenada y segura.

El pasado domingo se cumplieron los primeros cinco años desde la entrada en vigor de cambios trascendentales en este campo: un grupo de decisiones establecidas el 14 de enero del 2013 para facilitar los viajes desde y hacia Cuba y fortalecer la relación de la Mayor de las Antillas con su emigración, siempre bajo el principio de que dichas medidas se toman por decisión soberana del Estado y no responden a presiones ni imposiciones de nadie, comenta el diario Granma.

De acuerdo con la práctica establecida, este es un proceso que no solo toma en cuenta las opiniones de los residentes en el país, sino también los de la comunidad cubana en el exterior.

Su génesis se remonta al encuentro sostenido con la emigración en 1978, que fue liderado por el Comandante en Jefe de la Revolución Fidel Castro Ruz e impulsado después por el Presidente Raúl Castro Ruz.

«Hay circunstancias nuevas», explicó Fidel citado por nuestro diario el 22 de noviembre de ese año –tras concluir el primer encuentro con los emigrados–, refiriéndose a la reducción de la agresividad del Gobierno de James Carter y al surgimiento de una nueva generación de emigrados cubanos deseosos de mantener vínculos con su país de origen. «Esas circunstancias nuevas permiten hacer una política de este tipo (se refiere a tomar decisiones a favor de los viajes y la reunificación familiar, entre otras). Antes no se había podido hacer. Yo creo que ahora se está haciendo lo que puede hacerse y lo que debe hacerse en circunstancias en que es posible hacerse».

Desde entonces han tenido lugar otros intercambios como las Conferencias de la Nación y la Emigración de 1994, de 1995 y del 2004, donde se adoptaron nuevas medidas desde el punto de vista migratorio y de atención a la comunidad cubana residente en el exterior.

Como demuestra la continua actualización de la legislación vigente y el análisis de nuevas medidas, existe una firme voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos de Cuba con sus ciudadanos residentes en el exterior.

De acuerdo con las cifras disponibles, su impacto social y los comentarios recibidos en nuestro periódico por distintas vías, los cambios introducidos desde el 2013 han sido bien recibidos por los cubanos donde quiera que estén.

Las autoridades competentes aseguran que su implementación a lo largo de este lustro ha transcurrido con normalidad.

Sin embargo, el principal obstáculo para la completa normalización de las relaciones migratorias de Cuba con el mundo sigue llegando desde Washington.

Existe una larga historia de la manipulación de los flujos de personas para utilizarlos como un arma contra la Revolución, práctica que ha costado vidas humanas y promovido la trata y el secuestro de barcos y aeronaves, entre otras acciones ilegales.

El pasado 12 de enero del 2017, en la recta final del Gobierno de Barack Obama, ambos países firmaron un acuerdo migratorio que, entre otros aspectos, puso fin a la política de pies secos-pies mojados y el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos.

La considerable disminución del flujo de migrantes irregulares cubanos hacia Estados Unidos que se aprecia desde entonces confirma lo expresado por el Gobierno de Cuba durante muchos años, en relación con que esas políticas constituían un fuerte estímulo a la migración ilegal.

A pesar del acuerdo, aún se mantiene vigente –ya que su eliminación es potestad del Congreso– la ley de Ajuste Cubano, sin cuyo fin es imposible pensar en la normalización de los vínculos migratorios.

Esa legislación, que data de 1966, estimula la continuidad de un flujo irregular, a la vez que afecta el otorgamiento de visas para no inmigrantes a ciudadanos cubanos que no tienen la intención de quedarse a residir en este país.

Con la llegada a la Casa Blanca de la nueva administración estadounidense, liderada por Donald Trump, se abrió una etapa de recrudecimiento de la aplicación del bloqueo bajo la influencia de un pequeño grupo de legisladores que defienden intereses personales y no representan a la mayoría de la comunidad cubana de ese país.

Además de las medidas anunciadas en Miami en junio del año pasado, el Gobierno de Trump ha tomado medidas unilaterales e injustificadas que afectan el funcionamiento de su Embajada en La Habana y la misión diplomática cubana en Washington, bajo el supuesto argumento de «ataques acústicos» sobre los cuales no existe evidencia alguna.

Como parte de esas acciones, el Departamento de Estado redujo drásticamente su personal en la Embajada de La Habana y suspendió de manera inmediata y completa la emisión de visas en su consulado, lo que afecta directamente el derecho de los cubanos a viajar, e incluso, a emigrar.

En paralelo, el gobierno estadounidense tomó la decisión irreflexiva de expulsar de su territorio a 17 funcionarios cubanos de la misión en Washington, incluyendo una parte importante del personal del consulado. Esta medida, con eminentemente carácter político, tiene un impacto negativo en los servicios consulares y dificultará –por encima de la voluntad y del mayor esfuerzo que están realizando los funcionarios que permanecen en Washington– los viajes a nuestro país de los cubanos residentes en Estados Unidos.

La decisión supuso la implementación de un obligatorio traslado a Colombia de quienes deseen obtener visas de inmigrantes y de reunificación familiar, así como a terceros países para aquellos interesados en obtener los permisos para viajes temporales.

Los nuevos procedimientos elevan aún más los costos para los cubanos y sus familiares y no se ofrece ningún tipo de garantías de que el trámite vaya a resultar efectivo, generando un lógico malestar.

Quizá lo más preocupante es el retroceso registrado en un campo en el que los dos países venían avanzando, de una u otra manera, desde finales de la década de los años 70 del siglo pasado, cuando se activaron los servicios consulares en La Habana y Washington.

A pesar de ese nuevo escenario, las últimas medidas tomadas y la implementación de los cambios anunciados en el 2013, demuestran que el camino emprendido por Cuba en materia migratoria es continuo e irreversible.

LA NACIÓN Y SU EMIGRACIÓN

01- Los cubanos residen de manera temporal o permanente en más de 120 países del mundo.

02- El mayor grupo se encuentra en Estados Unidos, donde se estima que viven cerca de dos millones, el 57 % de ellos nacidos en la Isla y el resto se declara de esa nacionalidad por sus lazos familiares y culturales, de acuerdo con el Buró del Censo de Estados Unidos.

03- Según indica el Pew Research Center, los cubanos son menos del 4 % de los hispanos que viven en Estados Unidos. La mayor cifra corresponde a los de origen mexicano con un 64 % del total.

04- Hoy existen 157 asociaciones de Cubanos Residentes en el Exterior (CRE) constituidas en 72 países, se realizan periódicamente encuentros nacionales y regionales de cubanos residentes en el exterior y se fortalecen los vínculos entre Cuba y sus nacionales en el exterior, proceso continuo e irreversible.

(Tomado del diario Granma)