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La Habana, 27 mar (RHC) El Ministerio de Justicia de Cuba (Minjus) y la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela firmaron este jueves un memorando de colaboración que refuerza la voluntad de ambas instituciones por fortalecer nexos para la consecución de sus objetivos.

La rúbrica, realizada por Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro cubano de Justicia, y el venezolano Alfredo José Ruiz Ángulo, Defensor del Pueblo, tuvo lugar en la segunda jornada del XVI Encuentro Internacional Ciencias Penales y el IV Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, con sede en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Silvera Martínez destacó el valor de concretar el acuerdo en ocasión de un evento tan paradigmático de la vida jurídica del país como lo es Ciencias Penales, en su décimo sexta edición, lo cual representará una hoja de ruta para el trabajo conjunto en pos de alcanzar un escalón superior en la cooperación.

Expresó la disposición de los profesionales cubanos de aprender de las experiencias de una institución sólida para encauzar esfuerzos en función de dinamizar el desarrollo de la Defensoría de Cuba, a dos años de constituida.

En este hecho, destacó una manifestación de la profunda vocación humanista de ambos procesos revolucionarios, en el principio de no dejar a nadie atrás, así como la iniciativa de acercamiento para hacer llegar la protección de la legalidad a las personas más vulneras, que no siempre cuentan con todas las vías para acceder a ella.

Más que un memorando de entendimiento nos une la lucha común por una causa justa, concluyó.

Según datos institucionales, la Defensoría de Cuba cuenta con un departamento en cada una de las direcciones provinciales de Justicia del país, y un total de 580 defensores.

Desde su creación en 2023, ha recibido un total de mil 960 casos, de los cuales mil 434 han sido competencia de su labor y otros 526 han sido catalogados como no competentes, en cuyo caso se orienta a las personas sobre las instituciones a las que deben dirigirse para presentar su problemática.  

Los defensores pueden ser instados en situaciones relacionadas al derecho civil y familiar, mercantil, y a partir de junio de 2025, con la entrada en vigor de la nueva Ley del Procedimiento Administrativo, pueden operar también en cuestiones administrativas.