Por Enrique Valdés Machín

La mayoría de los cubanos, sin temor a equivocación, acogió con optimismo las medidas encaminadas a luchar contra la especulación de los precios y productos del agro, adoptadas hace poco más de un año.

Por aquel entonces, un control estatal bastante riguroso impidió que algunos sujetos inescrupulosos burlaran impunemente las disposiciones establecidas.

Sin embargo, quizás por la misma esencia del trabajo cotidiano y el fatalismo acuñado por buena parte de la población, de que a cuanto hacemos le falta el efecto del fijador, esas medidas, en su esencia, se han deformado y muchos de los alimentos provenientes del campo ahora están desaparecidos de aquellos lugares donde deben ofertarse a precios más baratos.

En consecuencia, muchas personas se ven obligadas a recurrir a los llamados mercados de oferta y demanda, cuyos prohibitivos y abusivos precios están divorciados del alcance del bolsillo del cubano medio.

Mientras que de los agromercados más populares desapareció buena parte de las hortalizas, entre estas la cebolla, el ajo y la acelga, en las otras formas de comercialización se cotiza muy alto la libra de cebollitas casi recién nacidas, las cabezas de ajo se venden a cinco pesos y la acelga a 10, particularmente en La Habana.

En el caso de la cebolla, desde casi el mismo inicio de la iniciativa de limitar los precios firmó contrato de exclusividad con especuladores y carretilleros, quienes la venden por patas o ristras.

Puede observarse en muchos casos que se ofertan como si fueran de primera clase mercancías casi podridas, sin beneficiar y hasta en muchas ocasiones es triste constatar cómo las dejan echarse a perder por no aplicar la socorrida y aprobada rebaja de precios por calidad.

Todo eso sin contar con el agravante del timo en la pesa y la falta de protección al consumidor, pues un mal tan reiterado y conocido, se perpetúa precisamente por la impunidad con la cual operan los violadores.

La anuencia de las administraciones y la falta de una inspección estatal seria y eficaz conspiran contra el bolsillo de los usuarios.

También mutó el modus operandi de las violaciones. Ahora, al menos en la capital, los infractores no desafían abiertamente  los listados de precios, por el contrario los llevan a la tablilla de exposición, de manera que cualquier inspección poco profunda se lleve la ilusión de que  allí no hay problemas.

Pero la caja de pandora se destapa en el momento en que se pretende adquirir los productos por el valor señalado; los ajíes, por citar un ejemplo, no son a 10 pesos la libra sino a cinco el “naylito” o jarrito, lo cual duplica el valor real.

El ajo lo comercializan por cabeza y no por libras, el precio del plátano burro duplica el valor permitido en el anexo siete de la resolución 175 del Ministerio de Finanzas y Precios, y el ají pimiento tampoco se acoge a lo dispuesto.

Hortalizas y frutas como la guayaba, la acelga, la piña y la col constituyen casi una utopía encontrarlas en estos sitios.

La protección al consumidor pasa por el respeto que las autoridades encargadas de garantizarlo exijan a quienes como encargo social tienen entre sus funciones servir al cliente.

Mientras que en las pesas los “luchadores” lucren con el sudor de la población y las administraciones se beneficien de ese lucro, podrán dictarse, leyes, disposiciones, decretos y más decretos, sin que en la realidad surtan ningún efecto.

Resulta muy triste constatar que la mayoría de los mercados a los que el cubano medio puede acceder esté desabastecida y  con mercancías de segunda o tercera categorías vendiéndose como de primera.

¿Podrán al fin los gobiernos locales exigirles a sus cuerpos de inspectores trabajar para erradicar las violaciones existentes, tan viejas ya como la historia misma de la humanidad?, esperemos pueda reducirse sensiblemente el amplio espacio en los cuales esos productos indispensables para la dieta del cubano, hoy no están.

(Tomado de la ACN)