por Guillermo Alvarado

En un ambiente pleno de tensiones, la justicia de Argentina puso un freno a las políticas neoliberales impulsadas por el presidente Mauricio Macri cuando declaró sin lugar el aumento desmedido de las tarifas de servicios públicos, dispuestos por el ministerio de Energía y que golpeaban a los hogares menos favorecidos.

La procuradora general de Argentina, Alejandra Gils Carbó, confirmó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que anuló los fuertes incrementos en los precios del gas doméstico, un fallo que fue avalado por la Corte Suprema de Justicia.

El principal argumento es que el ejecutivo violó disposiciones de la Carta Magna del país sudamericano, la cual establece que si bien el gobierno tiene potestad para modificar los precios de estos servicios, primero debe realizar una serie de consultas públicas, lo cual no se hizo.

De acuerdo con el veredicto, el jefe de Estado debe proceder a realizar estas consultas si insiste en su decisión de aumentar los precios, pero también tendrá la obligación de fijar tarifas preferenciales para las familias con menores ingresos.

El llamado “tarifazo” causó gran indignación entre la sociedad porque incrementaba de manera desproporcionada servicios que son indispensables para la calidad de vida de las personas, entre ellos el gas, la electricidad y el transporte público, a lo que viene a sumarse el desempleo así como el incremento de la inflación generada por la devaluación de la moneda nacional.

Durante un acto en Mendoza, donde apareció rodeado de un inusual aparato de seguridad, Macri anunció que insistirá en sus políticas de aumento de las tarifas de servicios públicos.

El modelo confrontativo del gobierno ha generado un ambiente de mucha tensión en el país, donde se multiplican las amenazas contra organizaciones que luchan contra el retorno del neoliberalismo.

Martina Forns, jueza federal de San Martín, quien emitió un amparo el mes pasado contra el aumento de la energía eléctrica, llamó a “bajar los decibeles” después que se descubrió una granada de mano en un contenedor a unos metros de su vivienda.

La magistrada advirtió que su posición contra el aumento a las tarifas "no va a cambiar; si no les gustó mi fallo, lo lamento. Pero los ataques son desmedidos", agregó y exigió una investigación a fondo sobre estos hechos.

En este ambiente, varios gremios que luchan contra los despidos, tanto en el sector público como en el privado, denunciaron que pandilleros amenazaron a sus dirigentes y advirtieron del peligro de regresar a un pasado oscuro, en alusión a la época de las dictaduras militares, cuando la protesta social fue apagada a sangre y fuego y muchos activistas sufrieron secuestros, torturas y hasta la muerte.

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, contra quien se pretendió ejecutar una orden de captura hace poco, aseguró que el tarifazo es un espantoso aumento en los precios de servicios que son indispensables para una vida digna y humana.