por María Josefina Arce

Puesta la mirada en las elecciones presidenciales en Estados Unidos por sus consecuencias para el mundo, quizás muchos pasaron por alto otro proceso de vital importancia para un pueblo que desde hace más de un siglo lucha por dejar de ser colonia precisamente de Estados Unidos y por conquistar su verdadera independencia: Puerto Rico.

Los comicios generales en esa isla caribeña llevaron a la gobernatura a Ricardo Roselló, del Partido Nuevo Progresista, de conocida posición anexionista, lo que significa un duro golpe para las aspiraciones independentistas de buena parte de la población.

De hecho Roselló durante su campaña electoral afirmó que trabajará por convertir a la isla caribeña en un estado más de Estados Unidos, lo que no sorprende si tenemos en cuenta que es hijo de otro ex gobernador puertorriqueño Pedro Roselló quien también siempre sustentó esa postura.

Si existiera alguna duda sobre sus intenciones, sus primeras palabras tras conocer el triunfo la despejan: “Llegó el momento de aspirar a la igualdad plena como ciudadano que solo nos otorga siendo el estado 51 de la nación americana…”.

Para Roselló los problemas que hoy enfrenta Puerto Rico tienen su base es que no es formalmente parte de Estados Unidos, cuando es una realidad que su estatus colonial, que Washington siempre ha querido ocultar, es la verdadera causa de la crítica situación por la que atraviesa esa nación latinoamericana.

Puerto Rico tiene hoy una deuda de más de 72 000 millones de dólares, lo que ha incidido con fuerza en la población. Actualmente el desempleo es del 12%, más del doble de la tasa de Estados Unidos, mientras que más de 40% de su población vive en condiciones de pobreza.

Pero hagamos memoria y retrocedamos a la administración del padre, Pedro Roselló. Durante su mandato de 1993 al 2000 incurrió en grandes y costosos proyectos de infraestructura confiando en el dinero que le llegaría del norte, pero los fondos nunca aparecieron y los gastos fueron cubiertos con préstamos aumentando dramáticamente la deuda pública del país.

Ahora Puerto Rico por su condición colonial está bajo las acciones de una junta de control fiscal, creada a partir de la llamada Ley Promesa, que supuestamente tiene como finalidad reestructura la abultada deuda.

Pero no podemos perder de vista que la Junta puede vender bienes, propiedades, edificios y corporaciones públicas, además de decidir cuáles leyes se aprobarán y cuáles no, utilizando el criterio del impacto fiscal, aunque se perjudique la vida, la salud y los recursos sociales y naturales del país.

Roselló, quien además propone limitar aún más las asignaciones de recursos del gobierno, así como establecer un presupuesto limitado para los servicios esenciales y prioritarios contó para su victoria con un fuerte respaldo económico y de los viejos seguidores de su padre en el Partido Nuevo Progresista, pues en opinión de los analistas nunca logró convencer del todo a sus correligionarios.

Los comicios no arrojaron resultados alentadores. Los puertorriqueños tendrán un nuevo gobierno entreguista que echará a un lado las ansías de libertad.

Sin embargo, los independentistas mantienen su postura de desconocer la imposición de una dictadura a través de la junta federal fiscal dirigida desde Washington, la urgencia de resolver la situación de subordinación política colonial y persisten en convocar a la resistencia del pueblo ante la corrupción y el entreguismo.