por Roberto Morejón

La activación del Protocolo de Olivos para resolver controversias en el MERCOSUR, representa un camino aceptable para dirimir la controversia desatada por la sospechosa decisión del bloque de suspender a Venezuela, por el alegado incumplimiento de normas de adhesión.

La canciler venezolana, Delcy Rodríguez, entregó en la sede del Mercado Común del Sur, en Montevideo, las copias de los documentos acreditativos de las normas incorporadas por su país, el 95% del total, según lo explicado por la diplomática.

Asombrosamente, Argentina, Brasil y Paraguay encabezaron dentro del pacto comercial suramericano una ofensiva para presentar a Venezuela como infractora de las pautas con vistas a sumarse a ese conglomerado.

La acción de esos países liderados por gobiernos de derecha hizo pensar a muchos, con lógica, que detrás de los argumentos supuestamente técnicos figuran propósitos de índole política, dada la antagónica diferencia de modelos de gobierno.

Desde que Venezuela se acercó al MERCOSUR las fuerzas ultraconservadoras de América Latina expusieron reparos e incluso abierto rechazo, como ocurrió en el Congreso de Paraguay, donde debieron analizar el proceso.

El gobierno bolivariano tiene todo el derecho de defender su pertenencia al bloque y su presidencia pro tempore, de las que quieren despojarlo.

Venezuela trabaja por el apego a la institucionalidad del MERCOSUR, pero igualmente aboga por la preservación de un mecanismo de integración que no es coto privado de nadie.

Y al tratar de exponer sus convicciones con la firmeza del caso resultan inadmisibles las suspensiones abruptas, sin diálogo previo, y menos que fuerzas de seguridad agredieran en Buenos Aires a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, ante todo, una mujer.

Hay razones para cuestionar a los gobiernos que al inclinarse por alternativas de este corte pudieran allanar el camino para marcar un rumbo netamente neoliberal en el MERCOSUR.

Sería aconsejable en bien de la hermandad entre los pueblos latinoamericanos que los coordinadores del MERCOSUR continuaran el análisis iniciado en Montevideo acerca de los alegatos de Venezuela y el supuesto fundamento jurídico de la suspensión dictada el dos del mes en curso.

Los ultimátum y trabajar en solitario a espaldas de uno de los miembros son acciones deplorables porque dividen y enojan.

El MERCOSUR debería tener en cuenta sus antecedentes de integración cuando en la década pasada trató de fomentar la inclusión social y preservar la soberanía política.