por Guillermo Alvarado
El proceso de aplicación de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, FARC-EP, atraviesa un período de luces y sombras, con avances puntuales en temas importantes, pero también con problemas logísticos e intentos de partidos de derecha para modificar lo ya pactado entre las partes.
Entre la buenas noticias figura la aprobación en el senado de un proyecto para introducir un artículo transitorio en la Constitución donde se garantiza el cumplimiento del acuerdo durante los próximos tres períodos presidenciales.
Darle un rango constitucional a este pacto significa que el Estado, con todas sus instituciones, tiene la obligación de cumplir a cabalidad con sus obligaciones respecto a la construcción y consolidación de la paz en ese período de tiempo.
Por otra parte, finalizó ya la concentración de los casi 7 000 efectivos de las FARC-EP en los campamentos designados al efecto, conocidos como “zonas veredales”, sin embargo hay descontento por la ausencia de condiciones dignas para los combatientes.
En una carta del estado mayor rebelde dirigida al presidente Juan Manuel Santos señalan que los campamentos carecen de las condiciones para albergar a los rebeldes con normalidad y la gran mayoría de ellos están pernoctando en casuchas improvisadas y tampoco es cierto, como afirmó la oficina del Comisionado para la Paz, que esté terminado el 80 por ciento de las zonas comunes.
Entre otros puntos señalaron graves dificultades con el agua potable, le electricidad y el acondicionamiento de los caminos de acceso a la zonas veredales.
Las FARC-EP señalaron que el gobierno está más interesado en el tema de la dejación de las armas, cuya calendarización se niega a modificar, que en las condiciones de alojamiento de los guerrilleros.
El mismo jefe de la misión de la ONU para la paz en Colombia, Jean Arnault, preguntó al ejecutivo si la demora en la construcción de los campamentos no debía llevar a una nueva programación en el tema de la entrega de las armas.
La víspera en el Putumayo, suroeste del país y una de las zonas más castigadas por la guerra, el presidente Santos reconoció las dificultades, pero insistió en que los acuerdos, y los plazos fijados en el texto, son irreversibles.
Según ese documento, la dejación de las armas debe realizarse en un plazo de 180 días, que finalizan el 1 de junio venidero.
En el ínterin, el derechista Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, insistió en modificar elementos sustanciales del pacto destinados a aplicar penas de cárcel a los dirigentes de las FARC-EP y prohibirles ejercer cargos públicos.
La polémica iniciativa es ya inviable gracias a la creación del artículo transitorio de la Carta Magna, que blinda la construcción de la paz tal y como fue negociada.
Como anticipó Gabriel García Márquez en su monumental obra Cien Años de Soledad, que anda cumpliendo medio siglo de su primera edición, los colombianos están descubriendo que es mucho más fácil comenzar una guerra, que tratar de terminarla.
