Por: Guillermo Alvarado

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció hace pocas horas la suspensión del quinto ciclo de negociaciones con el insurgente Ejército de Liberación Nacional, ELN, luego de una serie de ataques contra instalaciones policiales durante el fin de semana, que dejaron al menos siete muertos y casi medio centenar de heridos, presuntamente cometidos por el grupo rebelde.

Santos justificó la decisión de suspender la cita, que debía tener lugar en pocos días en Ecuador, con el argumento de falta de coherencia entre lo que dice y lo que hace la contraparte en este proceso.

El presidente no explicó, sin embargo, por qué se suspendieron las conversaciones con el ELN el 10 de enero pasado, cuando todo parecía indicar que se convendría en mantener el cese del fuego bilateral que venció un día antes. Precisamente en días previos a esa reunión la dirección insurgente había manifestado su voluntad de llegar a ese acuerdo, pero de manera súbita las partes se levantaron de la mesa de conversaciones sin tratar el tema.

Es verdad que la violencia vivida el fin de semana en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, y en otros sitios del país sudamericano, es cuestionable, pero eso no puede ocultar el hecho de que en los últimos meses numerosos líderes comunitarios fueron asesinados sin que el gobierno haya hecho nada por esclarecer los crímenes o proteger a las víctimas, aún cuando en muchos casos se sabía que recibían amenazas de muerte.

En este sentido la administración de Santos no ha sido coherente con las obligaciones adquiridas durante las negociaciones y la firma de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, ahora devenido partido político.

Luego de la dejación de las armas por este grupo, principal organización guerrillera del país, el ejecutivo ha tolerado que grupos armados irregulares y bandas criminales se establezcan en muchas de las zonas donde tenían presencia los insurgentes y persigan a activistas sociales.

Ejemplo de eso es el caso de Hernán Bedoya, quien defendió los derechos sobre la tierra de comunidades afrodescendientes ante la expansión de terratenientes que buscaban ampliar la industria del aceite de palma. Bedoya fue asesinado por paramilitares en diciembre pasado, pocos días después de que muriera en un ataque similar Mario Castaño, otro líder campesino.

Colombia es el país donde más dirigentes sociales fueron ejecutados en 2017 y casi la totalidad de estos crímenes permanecen en la impunidad. De esto el principal responsable es el Estado, porque dentro de sus prioridades debe figurar la garantía de la vida y la seguridad de los ciudadanos.

La paz es un proceso complejo y ciertamente requiere coherencia, pero de las dos partes implicadas, por lo que es indispensable que se retome el diálogo y se establezca de nuevo el cese del fuego bilateral para romper con una situación que, de momento, sólo alegra a la extrema derecha, que se ha declarado enemiga de la reconciliación en una sociedad fracturada por medio siglo de guerra.