Foto: El Día.

Por Roberto Morejón. RHC
 
La comunidad internacional espera que la dimisión del cuestionado primer ministro Ariel Henry y la toma de posesión de un Consejo de Transición permitan cesar la violencia en Haití, azolado por una crisis humanitaria.  

La nación caribeña contará con un primer ministro instalado en Puerto Príncipe, la capital, pues el dimitido Henry estaba en el exterior, impedido de regresar por el caos reinante.

El titular de Finanzas, Michel Boisvert, fue designado por el Consejo de transición como premier interino hasta la formación de un nuevo gobierno, algo incierto donde las instituciones casi no funcionan.

Integrado por siete miembros y dos observadores, el órgano responde a acuerdos adoptados entre varios actores, incluyendo la CARICOM, Comunidad del Caribe.

Con muchas dudas sobre las prerrogativas y posibilidades de ejercerlas, el Consejo pretende asumir ciertos poderes presidenciales hasta la asunción de un primer mandatario, electo en comicios, en fecha no posterior a febrero de 2026.

Si fue ardua la tarea de conformar el comité, más lo será cumplir sus decisiones en un territorio diezmado por tiroteos, extorsiones, agresiones físicas, desarticulación de servicios de salud y educación y con una policía sobrepasada por el poderío de las pandillas.

Estas últimas, beneficiadas por el tráfico de armas procedente de Estados Unidos, parecieron ignorar la asunción del Consejo de transición.

Con el puerto y el aeródromo cerrados por la amenaza de los grupos delincuenciales, 80 por ciento de Puerto Príncipe está bajo el control de los irregulares, cuyo cabecilla responde al nombre de Jimmy Chérizier, alias Barbebue.   

Su desenfreno es notable, pues más de 2 mil 500 personas murieron o resultaron heridas entere enero y marzo, 53 por ciento más que en los tres últimos meses de 2023.

Para algunos, el sosiego solo se concretará con la llegada de una misión armada internacional, para la que dice estar lista Kenya con unos mil policías.

No obstante, muchos haitianos y analistas alertan sobre tal decisión, dadas las nefastas consecuencias para la soberanía y el orden social de experiencias anteriores.

Se trata de un antecedente a valorar por el Consejo de transición, el cual también debe actuar en medio de una inestabilidad política permanente, agudizada tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, en julio de 2021.

Bajo la amenaza de la extensión del cólera y con una economía paralizada, el Consejo de transición tiene una misión titánica para retomar el control de un país a la deriva. FIN