Por: Roberto Morejón

Los pronunciamientos recientes del Alto Mando Militar ecuatoriano están lejos de representar una simple referencia a asuntos económicos, pues trascienden al plano político en el que no deben intervenir.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se vio obligado a ordenar el cese anticipado de la cúpula militar a causa de declaraciones vinculadas a asuntos administrativos del jefe del Comando Conjunto, Luis Garzón.

Correa aseguró que no permitirá la manipulación de los uniformados, en activo o retiro, de las decisiones gubernamentales y contra los intereses del pueblo.

Las divergencias entre el Palacio de Carondelet y la cúpula armada tienen su origen en la negativa de un grupo de oficiales a devolver 41 millones de dólares pagados en exceso al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Esa entidad recibió 48 millones de dólares por la venta de unos terrenos donde se construyó el Parque Samanes, cuando su valor fue calculado en sólo siete millones de dólares, razón por la que la Procuraduría General del Estado pidió el reintegro de la diferencia.

El referido Instituto es financiado por el presupuesto nacional y depende del gobierno, de ahí la obligación de acatar las disposiciones oficiales.

En un hecho considerado insólito, el jefe del Comando Conjunto, Luis Garzón, se opuso públicamente a aceptar el débito.

Como colofón, salió a la palestra pública el Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas, conformado por militares en retiro, al convocar concentraciones en la sede del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Tienen razón el gobierno, el movimiento Alianza País que respalda a Correa y sectores populares al alertar sobre lo que consideran el inicio de un movimiento desestabilizador.

La Carta Magna determina que las Fuerzas Armadas sólo pueden tener bajo su propiedad industrias relacionadas con la defensa y abstenerse de funciones como la compra y venta de terrenos.

Resulta llamativo que algunos militares en retiro críticos a la Revolución Ciudadana que impulsan el gobierno y Alianza País gozan de pensiones sumamente pródigas.

El Jefe de Estado alertó que detrás de la controversia podrían existir intereses políticos y recordó que varios uniformados jubilados que se manifestaron recientemente frente a la sede del Ministerio de Defensa, tienen lazos con partidos opositores.

Dirigentes de esas colectividades tradicionales irritados por la incólume popularidad de Correa, intentarían aprovechar las actuales desavenencias para abrir un nuevo flanco antigubernamental, en el que ya está inmersa la prensa conservadora.

Es imprescindible que la población ecuatoriana conozca que el gobierno defiende el dinero del Estado y que nadie está por encima de la Constitución.