Brasilia, 19 may (RHC) Acosado por el mayor escándalo político que estremeciera a Brasil, el presidente Michel Temer se aferra a un mandato que expertos aquí consideran tiene una cercana fecha de vencimiento: el venidero 6 de junio.

La hipótesis más próxima a concretarse es que el Tribunal Superior Electoral (TSE) determine la casación del binomio ganador en las elecciones presidenciales de 2014, integrado por Dilma Rousseff y Temer, en el juzgamiento programado para dentro de tres semanas, opinó el analista político Antonio Augusto de Queiroz, apunta Prensa Latina.

A juicio del director del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (Diap), las posibilidades de que el ocupante del Palacio de Planalto sea apartado del cargo mediante un proceso de impeachment (y ya fueron remitidos ocho pedidos a la Cámara de Diputados) 'es cero'.

Lo más probable, indicó en declaraciones a la Red Brasil Actual, es que el propio proceso de casación de la fórmula en el TSE ponga fin al mandato de Temer, quien fue delatado por un empresario por intentar obstruir la justicia al avalar el pago de un soborno al ex líder parlamentario Eduardo Cunha a cambio de su silencio.

Queiroz señaló que tras esa denuncia, Temer es presionado por la sociedad -por el lado ético- y también por el mercado que venía sustentando el gobierno, porque ya no está en condiciones de ofrecerle lo que le prometió.

En ese sentido, y en diálogo con la propia publicación, el ex presidente del Partido Socialista Brasileño (PSB) Roberto Amaral subrayó que 'a partir del momento en que Temer se volvió dispensable fue destrozado'.

Las mismas fuerzas lideradas por el sistema Globo y por la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público que derrumbaron a la presidenta Dilma hacen ahora el réquiem de Temer, manifestó.

Amaral alertó que Brasil vive hoy 'un golpe dentro del golpe' y enfatizó que quien va a decidir para dónde va el juego serán las calles. Si éstas se mantuvieran activas y ocupadas por el pueblo, entonces tendremos una opción democrática, valoró.

La única alternativa institucional plausible, opinó, es convocar a elecciones directas, pero ésta tiene un problema y es que supondría la aprobación de una enmienda constitucional que debería estar precedida también por una reforma política para evitar los problemas de las reglas actuales, las cuales recompensan al poder económico.