Bogotá, 21 ago (RHC) Senadores y activistas en Colombia instaron a detener el fraude electoral, una práctica que consideran recurrente en ese país, a sólo dos meses de los comicios regionales.
        
El el senador por el Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda consideró en un video en la red social twitter que el tener la firma y la huella de la persona en el momento de su votación es un requisito de seguridad indispensable, y argumentó que Colombia ahorraría millones de pesos si se pudiera hacer un control eficaz de los mecanismos democráticos para el sufragio.

Por la misma vía  el senador Gustavo Bolívar, de la coalición Decentes opinó que lo que se haga para evitar el fraude electoral, redunda en que la democracia florezca, y sea verdadera, y expresó que no existe democracia si el voto de los ciudadanos no se refleja en el resultado.

Al respecto, el Ministerio del Interior informó  de un reporte sobre las denuncias y quejas recibidas por posibles irregularidades presentadas de cara a las elecciones regionales del 27 de octubre venidero.

Igualmente, revelaciones divulgadas ponen nuevamente en la mira el Ejército colombiano, al referir supuestas instrucciones de establecer una versión única para los militares que asistan a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a hablar del conflicto armado.

Según el diario El País de España, una nueva directriz firmada por el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, da pautas a los militares para “la construcción de una narrativa marco del conflicto armado colombiano” ante los requerimientos que hace la Comisión de la Verdad y la JEP.

El documento va dirigido a los jefes del Estado Mayor de Comando. En el mismo, Martínez les ordena tener un plan coordinado para la comparecencia de militares ante las dos instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC-EP, según la información divulgada.

Las nuevas revelaciones se conocen en medio del proceso investigativo por presuntos hechos de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín.

Parte de esos procesos están relacionados con los hechos descubiertos por la revista local Semana en su edición titulada Las Ovejas Negras.

En ese material se relataron supuestos actos de corrupción del general Jorge Romero cuando comandó la Cuarta Brigada, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017.

Las denuncias iban desde la conformación de un supuesto cartel para la venta de salvoconductos de armas que pudieron caer en manos de delincuentes, hasta los posibles malos manejos de millonarios recursos destinados al mantenimiento de vehículos, a la compra de combustible, entre otros, acorde con información divulgada por la revista.

Lo cierto es que el Ejército es noticia hace varios meses, sobre todo desde el pasado 18 de mayo cuando el diario estadounidense The New York Times publicó un artículo titulado “Las órdenes de letalidad del Ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”.

El texto trata sobre el presunto regreso de los llamados falsos positivos al país (muertes de civiles registradas como caídas de guerrilleros en combate).

Luego de la publicación del Times, la agencia estadounidense Associated Press (AP) dio a conocer presuntas nuevas evidencias que comprometerían al general Martínez, en pagos en 2005 a informantes que terminaron en cuentas de militares condenados por falsos positivos.