Bogotá, 7 ene (RHC) Iván Cepeda, de la Comisión de Paz del Senado colombiano aboga por impulsar acciones humanitarias en el departamento del Chocó (oeste), porque las comunidades de allí siguen siendo víctimas de la violencia.

Es imperativo impulsar iniciativa humanitaria para atender la situación del Chocó que vincule a muchos sectores, instituciones y personalidades en la protección de las comunidades y de líderes sociales en esa atormentada zona del país, expresó.

Luego de asesinatos de líderes sociales o incursiones paramilitares, el gobierno anuncia, como gran medida, que el Ejército llega a los territorios. ¿Por qué no lo hace antes de los crímenes cuando las comunidades denuncian el peligro o la Defensoría emite alertas tempranas?, apuntó.

Asimismo, manifestó su solidaridad “con Leyner Palacios, líder de la comunidad de Bojayá (departamento del Chocó) y representante se las víctimas de esa sufrida y digna población. Llamo a proteger su vida y a atender sus denuncias sobre los peligros que hoy amenazan a sus coterráneos”.

Por su parte, la Comisión de la Verdad instó la víspera al gobierno a adoptar medidas para garantizar la vida de los líderes sociales y de las comunidades en peligro en el Chocó a causa del accionar de grupos armados ilegales.

En un comunicado, rechazó, “rotundamente, las recientes amenazas a los líderes sociales del Chocó, quienes se encuentran en grave situación de indefensión”.

En días anteriores recibimos un informe sobre los horrores del conflicto armado en ese territorio por parte de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, cuyo secretario técnico, Palacios, es uno de los amenazados, precisó.

Palacio es, además, una de las 60 víctimas del conflicto armado que estuvieron en La Habana durante la negociación entre el gobierno y la exguerrilla FARC-EP y participa de los Encuentros para la Confianza que se realizan en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, detalló.

La Comisión instó a “las autoridades locales y regionales y al gobierno nacional a tomar las medidas urgentes y necesarias para esclarecer la verdad y garantizar la vida de Leyner, de todos los líderes y lideresas y de las comunidades hoy en peligro”.

La ONU alertó sobre el accionar en Colombia de grupos armados ilegales, organizaciones criminales y cárteles de la droga, situación que mantiene a varias comunidades como blancos de violencia e intimidación.

Así lo precisó el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en una nota de prensa al Consejo de Seguridad referida al Informe trimestral (del 27 de septiembre al 26 de diciembre) de la Misión de Verificación en Colombia.

Ese reporte relata cómo las comunidades, los defensores de derechos humanos, los líderes sociales y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz (firmado en 2016 por el Estado y la exguerrilla FARC-EP), son víctimas permanentes de violencia e intimidación por parte de grupos armados ilegales, organizaciones criminales y cárteles de la droga.

El Secretario General manifestó “su alarma por las consecuencias, particularmente para las comunidades étnicas, de la lucha entre grupos armados ilegales en el corredor de tráfico ilícito que se extiende desde la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, hasta el departamento de Chocó, así como la violencia incesante en el departamento del Cauca”.

A pesar de las mejoras a nivel general en la seguridad posterior a la firma del Acuerdo de Paz, los numerosos casos que se siguen presentando en algunas regiones confirman el desafío aún pendiente de estabilizar los territorios, señaló.

Desde entonces, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado 303 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, 86 de los cuales ocurrieron en 2019 (incluidas 12 mujeres).

El Secretario General también reiteró su llamado “para que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los y las excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que el 2019” fue el año más violento para los exmiembros de las FARC-EP.

Igualmente, reiteró el llamado “para que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, incluidas medidas específicas para las lideresas y defensoras y para los líderes y lideresas indígenas y afrocolombianos.”

El Informe será presentado por el representante especial del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York el 13 de enero próximo.