Buenos Aires, 26 may (RHC) El mismo día en que el Gobierno de Argentina oficializó su salida del Grupo de Lima, por considerar que sus acciones "no han conducido a nada", la embajada de ese país en Holanda envió una carta a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, para pedir el retiro de todas las gestiones emprendidas contra Venezuela ante ese tribunal.
En una carta a la que tuvo acceso RT, Argentina recordó que ya no era parte del grupo –conformado por varios países con el propósito de aislar al Gobierno de Nicolás Maduro–, por lo que retiró su apoyo a la demanda interpuesta contra Venezuela en septiembre de 2018.
"El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina", refiere la carta.
El fracaso del 'interinato' de Guaidó y el retiro de apoyos vitales a su gestión, como el de la Unión Europea a principios de 2021, se ha unido al "efecto devastador" de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos en contra de la población venezolana, según constató Relatora Especial de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan. En este contexto, Argentina ha pedido su exclusión de las gestiones contra Caracas ante la CPI.
La postura de la Administración de Fernández, según consta en el comunicado en el que anunció el retiro del Grupo de Lima, es que la solución a la crisis venezolana se dé en el marco de un "diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular", y que permita la realización de "elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional".
Además, tras el embate de la pandemia, Buenos Aires ha insistido en el efecto nocivo de "las sanciones y bloqueos impuestos a Venezuela y a sus autoridades", especialmente porque lesionan "el goce de los derechos humanos de la población".
En las últimas semanas el Gobierno venezolano ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que recurra a la "primacía de la realidad" y tenga cautela con la información que toma en cuenta para realizar el examen preliminar, iniciado contra el Estado venezolano y altas autoridades de la nación suramericana, por su presunta responsabilidad en crímenes contra los derechos humanos.
A principios de este mes, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ofreció una rueda de prensa en la que denunció que tras un estudio realizado por expertos de Big Data, se determinó que a través de las redes sociales, principalmente Twitter, se construyó una matriz de opinión contra Caracas, generada con noticias falsas y manipuladas desde EEUU.
La remisión a la que alude la carta es la petición que interpusieron Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina –en ese entonces gobernada por el derechista Mauricio Macri–, en 2018, para que se investigara al Gobierno de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. En su momento, la denuncia fue una acción sin precedentes, ya que una agrupación de Estados nunca había demandado a un tercero ante esa Corte.
En la misiva, Argentina recalca que ese retiro es "sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial".
Si Macri fue en su momento uno de los impulsores de la arremetida diplomática contra Caracas, que cobró más fuerza después de que los miembros del Grupo de Lima desconocieran la elección de Maduro y apoyaran la autoproclamación del exdiputado opositor Juan Guaidó como "mandatario interino", la llegada de Fernández ha implicado un giro en la política exterior con respecto a Caracas.
(Russia Today)
