Bogotá, 14 abr (RHC) Cerca de 15 000 madres comunitarias de Colombia permanecen en paro a fin de reclamar mejor alimentación para los menores bajo su cuidado, pensiones y beneficios de salud, entre otros pedidos, ante la falta de acuerdos con el gobierno.

Desde hace más de una semana, una parte de las trabajadoras que acogen en sus hogares entre 12 y 14 niños instalaron carpas en Bogotá, frente al Instituto de Bienestar Familiar, para exigir soluciones favorables a sus demandas.

Al respecto, expresó la cuidadora Andrea Carolina Ballén que es imprescindible aumentar el presupuesto para alimentar a los menores, según los requerimientos de esa etapa, pues los recursos que entrega el gobierno no alcanza y ese déficit causa desnutrición.

En tanto, un estudio de la Universidad Nacional colombiana precisa que el problema de la desnutrición infantil y de adultos mayores en el país va en aumento, especialmente en territorios como La Guajira, donde ocurren 18 muertes diarias por causas asociadas a la poca o mala alimentación, así como en los departamentos de Vaupés, Guainía, Meta y Vichada.

Mientras la Corte Constitucional de Colombia aceptó la demanda contra la polémica ley de Zidres presentada por varios legisladores del partido Polo Democrático Alternativo, norma sancionada a principios de año.

El alto tribunal deberá emitir un fallo a partir del recurso presentado por los congresistas Alirio Uribe, Iván Cepeda y Alberto Castilla, quienes consideran que la normativa ahondará las desigualdades en el campo al privilegiar a grandes empresarios y multinacionales en detrimento de los pequeños agricultores.

Según los demandantes tal ley profundizará el latifundio al autorizar la entrega de bienes baldíos a empresas extranjeras y otros aspirantes para la ejecución de proyectos dentro de las denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres).

Adicionalmente consideran que dicha legislación viola el derecho a la propiedad privada pues los predios situados dentro de tales áreas deberán subordinarse a esos fines ya sea mediante su entrega o a través de la asociación de sus dueños a los programas proyectados, entre otros reparos.

Es inconstitucional en cuanto a la propiedad privada e ilegal frente al destino de los terrenos baldíos, que deben ir a manos de los campesinos y los desplazados por el conflicto armado, subrayó Castilla.

Se trata de una declaración de guerra contra el campesinado, manifestó Cepeda tras advertir que la iniciativa limita el acceso de ese grupo a la tierra y al desarrollo de sus propios planes económicos, sin supeditarse a intereses ajenos.

Además, dijo, contradice el espíritu de las negociaciones en Cuba entre el Ejecutivo y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), que buscan, entre otras pretensiones, transformar el campo con beneficios para sus habitantes, una vez firmado el tratado de paz entre ambas partes beligerantes.

La víspera Cepeda denunció ante el Congreso que grupos paramilitares y ganaderos promueven una campaña contra la restitución de tierras, la cual está destinada a devolver a sus propietarios los predios arrebatados en el contexto de la guerra interna.

Una estrategia probablemente respaldada por el procurador Alejandro Ordóñez y el presidente de Federación de Ganaderos, José Félix Lafaurie, dijo.

El Polo Democrático Alternativo es la principal convergencia de izquierda en Colombia y aunque apoya el proceso de paz ha reiterado su rechazo a las políticas de corte neoliberal impulsadas por el Gobierno.