Brasilia, 19 abr (RHC) La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, denunció que el proceso iniciado contra ella por la Cámara de Diputados no es un juicio político, sino un golpe de Estado y una tentativa de elección indirecta.

En conferencia de prensa, en Brasilia, precisó Dilma Rousseff que ese procedimiento no tiene base legal que caracterice un crimen de responsabilidad como se le atribuye, y es impulsado por grupos de la derecha, los cuales de otro modo no llegarían al poder.

También advirtió la jefa de Estado que el juicio político en su contra no va a devolver la estabilidad política a Brasil, porque rompe las bases de la democracia, y denunció que es víctima de un proceso basado en injusticias,venganza y fraude.

Por otra parte, este martes el Senado Federal de Brasil inició la conformación de la comisión que evaluará el pedido de juicio político contra Dilma Rousseff, la cual estará integrada por 42 miembros, quienes deberán trazar un calendario de trabajo.

Los líderes partidistas elegidos deberán trazar un calendario de trabajo en el encuentro, que tendrá lugar previo a la sesión plenaria de la Casa, en la cual se leerá la autorización aprobada por la Cámara de Diputados para iniciar el juicio político contra la primera mandataria.

Una vez definidos, los integrantes de la comisión especial del Senado tendrán un plazo de 48 horas para definir a su presidente y al relator, y a partir de entonces, contarán con un plazo de 10 días para presentar un informe sobre la admisibilidad o no del impeachmen por el que votarán y se llevará a análisis en el pleno del Senado.

De admitirse la apertura del juicio político contra Dilma Rousseff, probablemente entre los próximos días 10 y el 11 de mayo, la Presidenta será notificada y apartada del cargo por un período máximo de 180 días para que los senadores concluyan el proceso.

La comisión especial que examinará el pedido de juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff quedará instalada el próximo día 26, anunció el presidente del Senado Federal, Renan Calheiros.

El trámite del impeachment en esta instancia comenzó este martes con la lectura en el plenario del informe enviado por la Cámara de Diputados, que el pasado domingo admitió por mayoría de votos la denuncia presentada contra la jefa de Estado.

Ahora, correrá un plazo de 48 horas para que los partidos con representación en la cámara senatorial designen a sus representantes en la comisión, la cual integrarán 21 miembros y otros tantos suplentes, en una cantidad proporcional al tamaño de sus bancadas.

Una vez instalado el comité especial, el mismo contará con diez días para presentar un informe sobre la admisibilidad o no del procedimiento, el cual será votado en el seno de esta y analizado también por el pleno del Senado, cualquiera sea el resultado.

En ambos casos, para su aprobación se requerirá solo la mayoría simple.

De admitirse la apertura del juicio político, lo cual se estima pudiera quedar definido entre el 10 y el 11 de mayo, la Presidenta será notificada y apartada del cargo por un período máximo de 180 días para que los senadores concluyan el proceso.

Si se llegara a esta instancia, las sesiones serían encabezadas por el Presidente del Supremo Tribunal Federal y la aprobación de la casación del mandato de la jefa de Estado requeriría el apoyo de dos tercios (54) de los miembros del Senado.

La víspera, Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), señaló que el Senado no puede agilizar el trámite sin que parezca un atropello, ni prolongarlo sin que parezca arbitrario, en respuesta a la solicitud de acelerar el mismo formulada por el titular de la cámara baja, Eduardo Cunha.

Aseguró asimismo que durante el análisis del proceso de destitución en el Senado se garantizarán el pleno derecho de defensa, así como el respeto al debido proceso.

Según Cunha, la demora en el trámite puede resultar muy perjudicial para el país.

Hoy en Brasil no hay gobierno, sino a medias, y eso no es bueno para nadie, manifestó Cunha quien el propio domingo, al término de la votación, ya había intentado presionar al Senado, porque cuanto más tiempo este se lleve para decidir, "la situación va a empeorar", advirtió.

El líder parlamentario volvió a insistir ayer en la necesidad de agilizar el trámite y amenazó con que difícilmente se apruebe ningún proyecto gubernamental hasta tanto los senadores decidan si aceptan o no la denuncia.

El hecho de autorizar la instauración del proceso significa que la Cámara no reconoce más al Gobierno, dijo.