Buenos Aires, 24 may (RHC) Los hospitales de la provincia argentina de Buenos Aires iniciarán un paro de 72 horas en protesta a la insuficiente oferta de aumento salarial propuesta por el gobierno del presidente Mauricio Macri.

El paro fue convocado por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense, gremio que informó que los representantes del Ejecutivo de Macri ofrecieron un ligero aumento de los sueldos para llegar a cerca de 18 por ciento, en junio.

Al respecto, denunció la vicepresidenta de ese organismo argentino, Marta Márquez, que la oferta fue insignificante y reclamó una mejora de 40 por ciento para todo el año, lo cual elevaría los salarios a pesar de no ser suficiente para suplir la canasta básica de la población.

En los primeros cuatro meses del gobierno de Macri se sumaron un millón de personas a las estadísticas de pobreza ante el incremento del precio en los servicios básicos como electricidad, gas y combustible, en tanto, aumentó la cifra de ciudadanos que se quedaron sin trabajo.

Mientras líderes de las centrales sindicales argentinas analizarán esta semana el veto a la emergencia ocupacional con la que se quería contener la ola de despidos, mientras el presidente Mauricio Macri insiste en defender su decisión.

Los secretarios generales de los dos segmentos de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), Hugo Yasky y Pablo Michelli, reiteraron el domingo su rechazo al veto a la ley antidespidos.

En declaraciones al canal de noticias C5N, Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, confirmó que los gremios realizarán un paro general a principio de junio, aunque señaló que deberán conciliarlo con las otras centrales.

Aún no se decidió si será un cese de actividades o un paro y detalló que se realizará "en la primera semana de junio". Al mismo tiempo, agregó que lo acordaron cuatro centrales sindicales durante la Semana Social en Mar del Plata.

Se refirió al encuentro organizado la noche del sábado por la Comisión de la Pastoral Social de la Iglesia en Mar del Plata, al que concurrió junto con Michelli y Antonio Caló, de la Confederación General del Trabajo de Alsina, y Hugo Moyano, de la CGT Azopardo.

Faltó Luis Barrionuevo que ha alineado a su fracción de la CGT Azul y Blanca con el presidente Mauricio Macri. Moyano también apoyó al mandatario durante la campaña electoral, pero ante la ola de despidos y la presión de gremios en su central ha asumido una postura más crítica aunque no de manera radical.

No obstante, Juan Carlos Schmid, uno de los dirigentes de la CGT Azopardo, aseguró al diario Página 12 que en su agrupación no se descarta ir a la huelga. "Hay que reunirse y discutir".

Además, sostuvo que "el sector que más ha sido golpeado, el de la administración pública, tendrá sus razones para proponer una medida".

De hecho, la Asociación de Trabajadores del Estado convocó para el martes una manifestación de protesta, pero el otro sindicato del sector, la Unión del Personal Cívico Nacional, anunció que por ahora no contemplan una demostración de esa índole.

Tras calificar el veto presidencial de "un cachetazo a los trabajadores", Michelli reiteró este domingo que impulsará un paro nacional. "La respuesta debe ser contundente", afirmó y estimó que debe ser en los primeros 10 días de junio lo cual analizarán en los próximos días.

El líder de la CTA Autónoma aseguró que luego de la movilización sindical del 29 de abril pasado "no se puede hablar de otra medida que no sea una huelga nacional" en rechazo a la posición oficial.

Para aumentar la presión política desde el Congreso, el jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, insistió en repudiar el veto, y dijo que "ni aún con tres semestres el Ejecutivo solucionaría los problemas de los trabajadores".

Recalde añadió que trabajarán en el Congreso por anular el veto presidencial, pero en la práctica no pueden reunir los dos tercios necesarios para hacerlo.

Mientras, el presidente Macri volvió hoy a defender su decisión y al hacerlo dijo que la ley antidespidos para él es una ley anti-empleo.

De acuerdo con el Centro de Política Económica Argentina, en los cuatro primeros meses del año 154 mil 911 trabajadores perdieron sus empleos.