Brasilia, 25 may (RHC) La defensa previa de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ante la comisión del Senado Federal que lleva adelante el proceso de juicio político en su contra fue confirmada para el primero de junio venidero.

De acuerdo con el cronograma presentado por el relator del Impeachment, Antonio Anastasia, en esa fecha expira el plazo de 20 días concedido a Dilma Rusef para presentar un nuevo alegato, tras ser notificada la decisión del plenario senatorial de separarla de su cargo por un período de hasta 180 días para desarrollar el enjuiciamiento.

También contempla la hoja de ruta diseñada por Anastasia que el proceso contra la jefa de Estado concluya en apenas 90 días, pues estipula que la votación final del juicio en el plenario de la Cámara alta de Brasil se realice entre el primero y el dos de agosto venidero.

Por otra parte, precisa la cadena informativa teleSur que las fechas propuestas por el relator han generado polémica entre muchos senadores brasileños, quienes consideran que es apresurado establecer la votación final en agosto, pues solo se emplearía la mitad del plazo establecido para los debates.

Por su parte, el Congreso Nacional brasileño aprobó después de casi 17 horas de discusión la nueva meta fiscal elaborada por el gobierno provisional de Michel Temer y que prevé un déficit de alrededor de 48 mil millones de dólares.

Al intervenir en los debates, el diputado federal del Partido de los Trabajadores (PT) Paulo Pimenta consideró que "ese número es absolutamente artificial e incorrecto".

En su opinión, reseñó la Agencia Senado, se utilizó una metodología contradictoria que busca crear un escenario de tierra arrasada, el cual no se corresponde con la realidad de la economía nacional hoy.

Lo que se pretende, denunció, es justificar la adopción de medidas que afectarán los programas sociales. Conocemos esa historia, remarcó.

Según valoró la víspera el portal Vermelho, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), la propuesta de meta que hace solo unas horas aprobó el Congreso fue inflada en al menos 14 mil millones de dólares.

Esa estrategia, indicó, persigue por lo menos tres objetivos, el primero de los cuales es intentar obligar a la población a digerir el "paquete de maldades" que prevé aplicar el Ejecutivo interino para reducir los derechos conquistados en 13 años. También busca conseguir del Congreso la autorización para aumentar los gastos y, finalmente, presentar al final del año un déficit fiscal menor a los 48 mil millones de dólares aprobados para hacer creer que la gestión de Temer fue eficiente, agregó.

En un artículo publicado a fines de la semana pasada, el exministro de Hacienda Nelson Barbosa alertó que la revisión del déficit de las cuentas públicas realizado por el nuevo equipo económico gubernamental pretendía solo conseguir un cheque especial para aumentar los gastos.

Barbosa recordó que el proceso de cambio en las cuentas públicas estaba en vigor desde comienzos del año, por tratarse de un debate urgente, mas fue bloqueado por la crisis política, que no permitió siquiera instalar la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso.