por Guillermo Alvarado

El Senado de Brasil decidió mantener la acusación contra la presidenta Dilma Rousseff de presuntas violaciones a la Constitución, con lo que la ahora suspendida primera mandataria quedó sólo a una votación en esa cámara para enfrentar un juicio político y perder definitivamente su cargo, cuando aún le restan dos años del mandato recibido en las urnas por la población.

Fueron 59 sufragios a favor, frente a sólo 21 en contra, lo que da muestra de cómo el balance de fuerzas es completamente desfavorable para Rousseff en esa institución, que podría alejarla, no sólo de la presidencia, sino que también inhabilitarla para ejercer cargos públicos durante ocho años.

Todo parece apuntar, entonces, a que se consumará el golpe de Estado parlamentario en el gigante sudamericano, donde las fuerzas de derecha se han coludido con los grandes medios de comunicación para poner fin al proceso de cambios progresistas que beneficiaron a millones de personas en los últimos 13 años, durante los cuales gobernó el Partido de los Trabajadores.

En concreto, la mandataria está acusada de haber violado la Carta Magna al aprobar gastos sin la autorización del Congreso y suscribir decretos para financiar al Tesoro con la banca pública, para ocultar así el déficit fiscal durante el período anterior a las elecciones que le permitieron un segundo mandato.

El proceso ha estado, sin embargo, plagado de errores, contradicciones y vicios de procedimiento, entre ellos que algunos legisladores emitieron su condena pública contra la presidenta, aún antes de que se presentaran las pruebas del supuesto delito.

El defensor de Dilma, José Eduardo Cardoso, quien fue secretario de Justicia, manifestó que la situación es muy complicada, si bien se declaró optimista de que varios senadores que apoyaron el inicio del juicio político, están ahora reacios a dar el voto definitivo para la destitución de la primera mandataria.

Cardoso también está evaluando la presentación de varias apelaciones ante el Tribunal Federal Electoral porque, dijo, un presidente sólo puede ser separado de sus funciones si hay una falta de una elevada gravedad y no es éste el caso por el cual se pretende juzgar a Dilma.

El Partido de los Trabajadores aseguró que “el juego no ha terminado y que la posición definitiva de cada uno se va a consolidar la semana anterior a la votación final y hasta ese momento seguirán luchando por defender a la presidenta”

La arremetida de la derecha también alcanza a Luis Inacio Lula da Silva, quien sería el potencial candidato del PT en las próximas elecciones presidenciales, algo que los conservadores temen por la fuerza de la imagen del exgobernante entre la población.

Esa es la razón por la cual iniciaron una serie de calumnias contra Lula para vincularlo con casos de corrupción y dañar su prestigio.

El líder del PT presentó una denuncia ante el ministerio público contra cuatro fiscales del equipo que investiga las irregularidades cometidas en la estatal Petrobrás, porque mencionaron pruebas inexistentes en su contra, en un proceso que aún no terminó.

Se trata de una dura lucha, donde los poderes económicos y mediáticos tratan de poner fuera de combate a un partido que hasta ahora ha gobernado para el pueblo, y no para los pudientes, como hicieron las anteriores administraciones.